Este lunes 21 de julio se concreta la instalación de una mesa de negociación entre representantes del sector arrocero y delegados del Gobierno, en un intento por superar la crisis que desde hace más de una semana mantiene bloqueadas vías en diversos departamentos productores del país.
El encuentro se desarrolla en las oficinas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en Bogotá, y reúne a 22 representantes del Comité Nacional de Paro Arrocero junto con funcionarios de los ministerios de Agricultura, Hacienda y Comercio.
La apertura de este espacio de diálogo se produce en medio de la persistencia de bloqueos en más de nueve departamentos, una señal de que los productores mantienen firme la movilización mientras esperan resultados concretos en la mesa de trabajo.
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Un paro de dimensiones importantes
El paro, que comenzó el pasado 14 de julio, tiene como epicentro regiones estratégicas para la producción de arroz en Colombia, como Tolima, Huila, Meta y Casanare, entre otras.
Según los organizadores, la continuidad de los bloqueos responde a la percepción de que, hasta ahora, no se han alcanzado compromisos suficientes que justifiquen el levantamiento de la protesta.
Aunque los líderes del paro manifestaron su disposición a abrir temporalmente algunos pasos viales como gesto de buena voluntad, aclararon que mantendrán la presión hasta obtener avances que satisfagan las principales demandas del sector.
Entre los puntos críticos donde se reportan cierres parciales o intermitentes se encuentran Saldaña, Gualanday, Lérida y Natagaina, en Tolima; Campoalegre y Tesalia, en Huila; además de bloqueos en Córdoba, Meta, Casanare, Arauca, Sucre, Cesar, Santander, Norte de Santander y la conexión entre Valledupar y La Guajira.
Estos bloqueos han generado afectaciones a la movilidad y preocupación por el abastecimiento en algunas zonas.
A la par de la instalación de la mesa, la Gobernación del Meta divulgó una carta enviada el pasado 16 de julio al presidente Gustavo Petro, en la que expone la inconformidad de los productores de arroz de esa región ante lo que consideran una interpretación equivocada de los avances en las conversaciones.
El documento señala que durante un reciente encuentro en el Meta no se llegó a consensos que justificaran anunciar la inminente desactivación del paro, y advierte que declaraciones que sugieran lo contrario podrían alimentar una escalada de la protesta.
En la misiva, la administración departamental también hace un llamado a reconocer la magnitud de la crisis arrocera como un fenómeno nacional y no solo local, solicitando que los mandatarios regionales sean incluidos de forma activa en la búsqueda de soluciones conjuntas con el Ejecutivo.
Asimismo, se reconoce el impacto de los bloqueos sobre la movilidad y la economía, pero se insiste en que estas acciones se adoptaron tras agotar otras vías de diálogo.
Mientras tanto, el Gobierno ha resaltado un acuerdo preliminar alcanzado el pasado 18 de julio entre el Ministerio de Agricultura, la industria arrocera y Fedearroz, gremio que agrupa a los productores.
Este entendimiento contempla medidas como la creación de un régimen de libertad regulada para establecer precios mínimos de referencia para el arroz paddy verde y el arroz blanco, con el propósito de garantizar ingresos estables a los cultivadores y dar mayor seguridad a los consumidores frente a las fluctuaciones del mercado.
El acuerdo preliminar también incluye la implementación de un Plan de Ordenamiento Productivo del Arroz, que articulará a todos los actores de la cadena productiva, así como el compromiso de la industria de comprar la cosecha actual y reconocer la diferencia entre los precios vigentes y los que se establezcan bajo el nuevo esquema.
Además, el Ejecutivo reiteró que pondrá en marcha una salvaguardia para el arroz, en línea con lo estipulado en la Ley 101 de 1993, y reafirmó su apuesta por una política agropecuaria que garantice rentabilidad digna a los productores.
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