Daniel Briceño demandará a Juliana Guerrero por usar aeronaves de la Policía para irse a Valledupar: “No puede pasar de agache”

La distribución y supuesto uso de recursos públicos en los más altos niveles del Ministerio del Interior ha llamado la atención de autoridades de control y de diversos actores políticos en Bogotá, con el foco puesto en la coordinadora del gabinete de esa cartera, Juliana Guerrero.

De hecho, después de conocerse nuevos detalles del viaje de la funcionaria que, además de requerir el avión de la Policía Nacional, también se movilizó en un helicóptero de la institución, el concejal de Bogotá Daniel Briceño advirtió que este lunes 21 de julio presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presunto peculado.

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Según argumentó el cabildante capitalino, Guerrero Jiménez habría hecho uso de las aeronaves oficiales de la Policía Nacional para actividades privadas, específicamente el viaje efectuado entre el 19 y 20 de junio hacia Valledupar.

La denuncia detallada por Briceño, y difundida a través de su cuenta de X, señala que Juliana Guerrero estuvo acompañada de su hermana Verónica Guerrero durante el viaje, quien también mantiene un contrato con el Estado, y ambas se habrían desplazado a la ciudad donde reside su familia.

El concejal sostiene que existen elementos que motivan a investigar si, al día siguiente, la aeronave fue utilizada por familiares o allegados de la funcionaria, lo que extendería el posible uso irregular del bien público.

“Mañana a primera hora denunciaré ante la Fiscalía General de la Nación a la funcionaria Juliana Guerrero mano derecha de Benedetti por PECULADO al haber usado un avión y un helicóptero de la Policía para temas personales. Esto no puede pasar de agache”, señaló el concejal del Centro Democrático.

El tema ha captado el interés de instancias como la Procuraduría General de la Nación, que recientemente llevó a cabo una visita en la sede del Ministerio del Interior.

El objetivo de la diligencia radicó en el recaudo de documentación y la verificación de un posible mal uso de recursos públicos.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió públicamente la labor de Guerrero, asegurando que la funcionaria se encontraba cumpliendo una misión oficial relacionada con las estrategias de “paz total”, y que por razones de seguridad dicha tarea poseía carácter reservado.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Benedetti expresó: “Contento de que la @PGN_COL haya venido hoy al @MinInterior para aclarar. Fueron recibidos directamente por mí para que el Ministerio sea de puertas abiertas y ellos puedan encontrar la información que requieran”.

A pesar de las explicaciones presentadas desde la cabeza del Ministerio del Interior, sectores políticos han puesto en entredicho la naturaleza de la supuesta misión oficial que habría justificado el uso de las aeronaves.

Además, el hecho de que Juliana Guerrero no ha concluido su formación universitaria ha sido uno de los interrogantes entre los críticos sobre su idoneidad para tratar asuntos de seguridad nacional, dándose en el debate público mayores cuestionamientos acerca de las responsabilidades asignadas en las altas esferas de la administración pública.

Este proceso de revisión institucional no se detuvo en la acción de la Procuraduría. Según han confirmado fuentes oficiales, la Contraloría General de la República también requirió información con la meta de determinar si la utilización de los helicópteros supuso una afectación al erario.

Este esfuerzo busca esclarecer la existencia de eventuales daños al patrimonio público derivados del caso que, de probarse, podrían suponer consecuencias jurídicas para los implicados.

La molestia del concejal Briceño se da después de que se conociera una investigación de la revista Cambio en la que dieron nuevos detalles del desplazamiento de la funcionaria.

Según el informe, Juliana Guerrero Jiménez y su hermana Verónica Guerrero habrían usado también un helicóptero de la Policía con el fin de llegar a una reunión en la que se pretendía modificar los estatutos de la Universidad Popular del Cesar (UPC), con el objetivo de permitir la reelección inmediata del rector Rober Romero.

El viaje, que tuvo lugar el 19 y 20 de junio de 2025, incluyó el traslado en avión y helicóptero, y fue justificado públicamente como una misión secreta de seguridad nacional, aunque la evidencia apuntaría a intereses políticos y personales.

El itinerario comenzó el 19 de junio, cuando Guerrero Jiménez viajó en un avión de la Policía con matrícula PNC-0242 hasta Valledupar. Al día siguiente, la funcionaria y su comitiva utilizaron un helicóptero Bell 212 (matrícula PNC-0495) para llegar al municipio de Aguachica, donde permanecieron siete horas participando en una sesión clave del Consejo Superior de la UPC.

Según documentos institucionales citados por Cambio, la presencia de Verónica Guerrero carecía de justificación oficial, ya que no ostenta cargo directivo ni representación gubernamental en el Consejo, pero intervino activamente en las discusiones sobre la reforma estatutaria.