Abelardo De La Espriella pidió formalmente al Senado evaluar la salud mental de Petro, tras polémica alocución

El abogado y precandidato presidencial Abelardo De La Espriella, presidente del movimiento Defensores de la Patria, presentó una solicitud formal al Senado de la República para que se evalúe médicamente al presidente Gustavo Petro.

Según el documento, la iniciativa surge tras la controversia generada por la alocución presidencial del 15 de julio, en la que el mandatario “divagó en varios temas, no conectó sus ideas, las olvidó y terminó mezclando la crisis y deudas de las EPS con la Estatua de la Libertad, los hipopótamos de la India y sus supuestos bienes en Italia”, según reportaron varios medios de comunicación citados por el precandidato.

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En su misiva, De La Espriella solicita que el Senado, en cumplimiento del artículo 326 de la Ley 5ª de 1992, solicite un informe médico certificado que determine si el jefe de Estado se encuentra en condiciones de ejercer sus funciones.

El derecho de petición invoca el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, que garantiza a los ciudadanos la posibilidad de elevar solicitudes respetuosas a las autoridades. Además, cita el artículo 326 del Reglamento del Congreso que contempla la posibilidad de declarar la incapacidad física permanente del presidente de la República, previa certificación de tres médicos designados por la Academia de Medicina, la Federación Médica Colombiana y el Tribunal de Ética Médica.

En ese sentido, el documento indica que, de acuerdo con las reacciones y críticas a la última intervención pública del presidente, es necesario determinar si hay una condición médica que justifique sus expresiones.

La preocupación radica en el posible deterioro de la capacidad cognitiva del mandatario o en la hipótesis, antes sugerida por el excanciller Álvaro Leyva, de una “presunta” adicción a sustancias psicoactivas.

La controversia sobre el consumo de sustancias y la salud mental

El documento se apoya también en jurisprudencia constitucional para argumentar que, si existiese una condición médica relacionada con el abuso de sustancias, esta debe abordarse como un asunto de salud pública. En particular, se cita la Ley 1566 de 2012, que establece la atención integral a personas con consumo problemático de sustancias psicoactivas, y varias sentencias de la Corte Constitucional que reconocen la adicción como una enfermedad que afecta la autonomía y las funciones cerebrales.

“La adicción a estas sustancias psicoactivas puede llegar a constituir una enfermedad mental con impactos en el sistema nervioso y en las funciones cerebrales, afectando significativamente la vida y la autonomía de quienes la padecen”, reitera el documento, citando fallos como la Sentencia T-306/24.

Bajo este contexto, De La Espriella y su movimiento argumentan que la salud del presidente no solo es un asunto individual, sino que compromete directamente el bienestar nacional, las relaciones diplomáticas del país y la confianza institucional.

Solicitudes concretas al Senado

El derecho de petición contiene tres solicitudes específicas:

• Primero, que se requiera a las entidades médicas competentes (Academia de Medicina, Federación Médica y Tribunal de Ética Médica) un informe médico detallado sobre el estado de salud del presidente Gustavo Petro.
• Segundo, que si ese informe indica una afectación relevante, se inicie el proceso para declarar un estado de incapacidad física, temporal o permanente, del mandatario.
• Tercero, que en caso de declararse dicha incapacidad, se informe de inmediato a la vicepresidenta Francia Márquez para que asuma las funciones correspondientes.

La petición fue firmada también por el constitucionalista Germán Calderón España, director de Asuntos Constitucionales del movimiento Defensores de la Patria.

Aunque la Ley 5ª contempla mecanismos para evaluar médicamente al presidente, el uso de este recurso es excepcional y podría tener implicaciones políticas y jurídicas profundas. Declarar una incapacidad física del mandatario no solo depende del criterio médico, también de una decisión colegiada en el Congreso, lo cual requeriría una mayoría y un ambiente político dispuesto a avanzar en esa dirección.

Además, esta acción se presenta en medio del proceso de reorganización interna del Pacto Histórico, donde se debate el modelo de lista cerrada para las elecciones de Senado, y mientras los aspirantes presidenciales comienzan a posicionarse rumbo a 2026.

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