La Procuraduría General de la Nación realizó el 16 de julio una inspección en la sede principal de la Nueva EPS, en respuesta al crecimiento sostenido de quejas y reclamos por parte de usuarios y familiares, así como por el deterioro de los indicadores financieros de esta entidad, que cuenta con más de 11 millones de afiliados en todo el país.
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En total, 15 funcionarios del ente de control se desplazaron hasta las instalaciones de la EPS más grande de Colombia, con el fin de obtener información detallada sobre el estado actual de sus operaciones y compromisos financieros.
Esta diligencia hace parte de una serie de visitas que adelanta la Procuraduría en diferentes EPS durante esta semana.
“Durante la visita se solicitó a los funcionarios informes sobre el estado de las tutelas y demandas, y el estado actual de la facturación, las contrataciones, los estados financieros, la cartera y los indicadores de cumplimiento”, precisó el comunicado emitido por la entidad.
Entre los objetivos de la diligencia estuvo establecer la magnitud de la cartera que mantiene la EPS con prestadores y otros actores del sistema de salud, así como verificar el comportamiento de los indicadores relacionados con la prestación efectiva del servicio a los afiliados.
Los documentos e informes obtenidos durante la inspección serán revisados por la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social, con el acompañamiento de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales. Esta última se encargará de confrontar la información recolectada con otras fuentes institucionales, para luego emitir un reporte oficial en los próximos días.
Con esta actuación, ya son tres las inspecciones realizadas en menos de una semana por el Ministerio Público a entidades promotoras de salud. La primera tuvo lugar el 14 de julio, cuando la Procuraduría visitó las oficinas de Famisanar debido al incremento en el número de tutelas, peticiones, quejas y reclamos interpuestos por usuarios y asociaciones de pacientes.
Entre las principales inconformidades registradas contra Famisanar, según el balance divulgado por la Procuraduría tras esa visita, se destacan las demoras en la entrega de medicamentos y las barreras de acceso a servicios de salud. Tras dicha diligencia, la EPS anunció la terminación del contrato con Colsubsidio para la distribución de fármacos, e informó que ahora trabaja con nuevos operadores farmacéuticos para atender a sus afiliados.
En el caso de la Nueva EPS, además de los reclamos por parte de los usuarios, el ente de control señaló la existencia de un “alto volumen de cartera”, lo que motivó la recopilación de datos para esclarecer su situación contable y su capacidad operativa.
La Superintendencia Nacional de Salud también ha entregado cifras recientes relacionadas con el comportamiento de las EPS en materia de atención. El 15 de julio publicó el listado actualizado de las entidades que concentran el mayor número de reclamos por cada 10.000 afiliados, con el propósito de establecer comparaciones equitativas entre EPS de distinto tamaño.
De acuerdo con este ranking, cinco de las diez entidades con más quejas están bajo intervención estatal. En ese grupo figuran Sanitas, cuya intervención fue revocada por la Corte Constitucional a finales de junio pero que aún aparece en el listado con datos recogidos durante el periodo intervenido, y también otras como Famisanar, SOS, Savia Salud y la misma Nueva EPS.
Adicionalmente, el informe de la Superintendencia aclara que las cifras divulgadas no incluyen las quejas del sistema de salud del magisterio, que atiende a cerca de 800.000 personas, ni las presentadas ante las Entidades Promotoras de Salud Indígenas (EPSI), que en conjunto cuentan con más de 1.5 millones de afiliados.
Otras entidades bajo intervención como Capresoca, Coosalud, Emssanar y Asmet Salud también aparecen en posiciones relevantes del listado, aunque fuera del top 10.
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