Comunidades wayuu rechazaron propuesta de reparación de Olmedo López por escándalo de corrupción en la Ungrd: “Que no, gracias”

Con indignación y profundo malestar reaccionaron las comunidades indígenas de La Guajira ante la propuesta de reparación presentada por Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), por el principio de oportunidad que negocia con la Fiscalía.

Su oferta, que incluye talleres de emprendimiento, asesoría técnica y disculpas públicas, fue calificada por líderes wayuu como una “burla” y un “insulto” a la magnitud del daño causado por uno de los escándalos de corrupción más graves del gobierno actual.

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Olmedo López, uno de los principales responsables del saqueo multimillonario a la Ungrd, busca obtener beneficios judiciales a cambio de devolver parte del dinero apropiado ilegalmente, entregar información sobre otros implicados, y realizar lo que denominó una “reparación integral”. Entre las medidas ofrecidas se encuentran capacitaciones a comunidades rurales, apoyo en modelos de negocio autosostenibles, y disculpas públicas a través de audiencias, cartas y videos dirigidos a las víctimas.

No obstante, la propuesta fue rechazada rotundamente por el Movimiento Indígena Nación Wayuu, que representa a una de las comunidades más afectadas por el desfalco. En una carta enviada a la fiscal María Cristina Patiño, coordinadora del caso, exigieron que no se apruebe ningún preacuerdo o principio de oportunidad que minimice la gravedad del delito ni que excluya la garantía de una reparación real, efectiva y con enfoque étnico y diferencial.

“Solicito respetuosamente a su despacho que se abstenga de aprobar principios de oportunidad o preacuerdos que no aseguren el desarrollo integral de las investigaciones, la imposición de sanciones proporcionales a la gravedad de los hechos y la garantía de una reparación efectiva a las comunidades wayuu”, se lee en la carta enviada por la Nación Wayuu.

La molestia de las comunidades radica en que los recursos saqueados por Olmedo López y otros exfuncionarios estaban destinados precisamente a mitigar la crisis humanitaria que por años ha afectado a La Guajira: llevar agua potable, garantizar alimentación y construir infraestructura básica para los pueblos indígenas, en especial el wayuu, históricamente vulnerado.

“¿Cómo pretende reparar el robo de recursos destinados a calmar la sed y el hambre de nuestros niños con talleres de emprendimiento?”, cuestionó un líder comunitario de La Guajira. “Es una afrenta a nuestra dignidad y una forma de revictimizarnos”.

La oferta de López incluye también la devolución de $724 millones, cifra determinada por peritos del CTI como el incremento patrimonial ilícito que obtuvo el exdirector de la Ungrd.

Su abogado, José Moreno, defendió la propuesta y aseguró que su cliente no solo está colaborando con la justicia al revelar nombres de cerca de 30 involucrados —entre ellos congresistas, exministros y altos funcionarios del actual gobierno—, sino que busca reparar también desde lo simbólico y social.

“Su compromiso va más allá del componente económico. Ha pedido perdón pública y sinceramente al país y a las comunidades indígenas. Se ha comprometido a impulsar procesos de restauración del tejido social, reconociendo que el daño no se mide solo en dinero, sino en confianza perdida y en dolor colectivo”, dijo Moreno en declaraciones a la revista Semana.

Sin embargo, para el Movimiento Nación Wayúu, ese enfoque no es suficiente. En su carta también advierten que la aceptación del principio de oportunidad en este caso podría “implicar riesgos graves de impunidad material, desconocimiento de derechos de las víctimas, incumplimiento de obligaciones internacionales y debilitamiento institucional”. Solicitan, por tanto, que se continúe con un juicio ordinario, sin beneficios penales para López.

El rechazo wayuu también se inscribe en un contexto de promesas incumplidas por parte del Estado. El propio presidente Gustavo Petro prometió inversiones para mitigar la sed y el abandono de La Guajira, pero a la fecha las comunidades aseguran que las soluciones no han llegado y la corrupción terminó agravando aún más su situación.

Ahora, la Fiscalía deberá decidir si avanza o no con el principio de oportunidad planteado por Olmedo López. El documento, en caso de ser aceptado, deberá ser presentado y aprobado por un juez de la República. Mientras tanto, la indignación en La Guajira crece, y las víctimas del saqueo exigen justicia real, proporcional y con enfoque diferencial.

“No necesitamos cursos de emprendimiento, necesitamos agua, salud, respeto y verdad. Que no, gracias”, sentenció una lideresa indígena consultada por medios locales.