La Procuraduría General de la Nación (PGN), como parte de su estrategia preventiva para vigilar a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), llevó a cabo el martes 15 de julio una visita de inspección a las instalaciones de EPS Sanitas. El objetivo: identificar las causas detrás del aumento significativo de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de tutela (Pqrs) por parte de usuarios.
El órgano de control explicó que, a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social y la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, recolectó información técnica, jurídica y financiera.
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Con esta documentación se busca efectuar un diagnóstico integral que explique las dificultades que enfrentan pacientes y sus familias para acceder a los servicios de salud, especialmente en rutas de atención, redes prestadoras y atención de enfermedades de alto costo.
Además, se revisó el estado de la facturación, los flujos financieros, y se realizará un contraste con fuentes institucionales para validar hallazgos y garantizar la continuidad. “Toda la información solicitada por la autoridad disciplinaria se contrastará con otras fuentes institucionales relevantes para realizar un diagnóstico integral”, señala el comunicado de la Procuraduría.
El alza en las quejas y tutelas no es un caso aislado: durante el primer semestre de 2025, las Pqrs alrededor del sistema de salud crecieron a niveles históricos. Según explicaron desde la Procuraduría, se presentaron alrededor de 16.000 quejas solo en ese mes, y las Pqrs anuales superaron el millón y medio, evidenciando un incremento de más del 100% desde 2022.
En particular, las EPS intervenidas han sufrido un aumento significativo. En Sanitas, por ejemplo, las tutelas por cada 10.000 afiliados pasaron de 3 a 57 entre 2021 y 2024.
La tendencia se ha reflejado no solo en cifras. Usuarios han denunciado demoras en citas, dificultades para acceder a medicamentos, vacíos en rutas de atención, e incluso afectaciones al tratamiento de enfermedades crónicas o de alto costo. Estas denuncias alimentan la preocupación institucional y motivan iniciativas de control preventivo como la desarrollada este martes.
Así las cosas, durante la inspección, la Procuraduría examinó múltiples elementos clave para entender la situación actual de Sanitas:
- Rutas de atención en salud: evaluación de los canales dispuestos para pacientes desde la atención primaria hasta la especializada.
- Red de prestadores: revisión de la capacidad instalada en clínicas, hospitales y centros especializados, especialmente para enfermedades de alto costo.
- Situación financiera y facturación: análisis de estados financieros, flujo de caja, niveles de morosidad y provisiones para deudas con prestadores. El Observatorio Así Vamos en Salud y la Contraloría han advertido sobre una creciente deuda sectorial y deterioro patrimonial
En marzo de 2025, el estudio de la ACHC identificó que Sanitas era la segunda EPS con mayor morosidad frente a hospitales, con más de 523.000 millones de pesos pendientes
Además, en abril de 2024 la Superintendencia Nacional de Salud prorrogó la intervención administrativa de Sanitas por incumplimientos financieros y operativos
EPS Sanitas ya había sido intervenida por la Superintendencia de Industria y Comercio
Es importante mencionar que en abril de 2024, la Superintendencia intervino a Sanitas, motivada por “incumplimientos en condiciones financieras y de prestación de servicios”
No obstante, el 26 de junio de 2025, la Corte Constitucional anuló dicha intervención por vulnerar el debido proceso, y ordenó devolver la EPS a su propietario, el grupo Keralty.
Poco después, a fines de junio, la PGN prorrogó por tres meses la investigación disciplinaria al exsuperintendente Luis Carlos Leal y otros funcionarios, para determinar si hubo irregularidades en la intervención
Keralty, por su parte, anunció que recurriría instancias legales en Estados Unidos por “expropiación indirecta”.
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