Sí era funcional uno de los lanzacohetes con los que, al parecer, iban a atentar contra Petro

Después de todo no sería infundada la denuncia que llevó a cabo el presidente de la República, Gustavo Petro, a finales de mayo, luego de que las autoridades hallaran dos lanzacohetes en inmediaciones de una de las rutas que suele recorrer el jefe de Estado en sus desplazamientos en la capital colombiana, ya que aunque inicialmente se señaló que esas armas no eran funcionales, resulta que una sí estaba en condiciones para realizar ataques.

La revelación la hizo el informativo de televisión Noticias Uno, luego de que conocieran, en exclusiva, que la Procuraduría General de la Nación ordenó apertura de investigación previa contra dos coroneles de la Policía Nacional, ya que después del hallazgo de los artefactos bélicos, de fabricación rusa, dicha información permaneció oculta presuntamente por órdenes de un oficial superior.

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Agregaron que la aparente omisión en el reporte de los objetos fue ordenada dentro de los mandos de esa institución de la Fuerza Pública, lo que motivó la intervención directa del Ministerio Público.

En el mismo auto, la Procuraduría instruyó a la Policía Nacional a dar trámite formal a una denuncia de presunto acoso laboral al que habría sido sometido uno de los uniformados que participó en el hallazgo de los artefactos militares abandonados en vía pública.

El caso se centra sobre los procedimientos adoptados tras la identificación de los lanzacohetes, donde el oficial denunciante habría recibido tratos indebidos luego de informar sobre este suceso a sus superiores, detallaron en el mencionado noticiero.

La investigación disciplinaria se formalizó precisamente después de que en ese medio de comunicación informaran acerca del hallazgo de dos lanzacohetes RPG 22, realizado por miembros de la Policía Nacional el pasado 20 de febrero.

El suceso tuvo lugar en la calle sexta de la capital, entre las carreras 23 y 24. Este descubrimiento permaneció inicialmente sin ser puesto en conocimiento del público ni de las autoridades judiciales pertinentes, obedeciendo supuestamente a órdenes institucionales.

A raíz de esto, la Procuraduría inició indagaciones previas contra el teniente coronel Eduard Steve Vargas Bautista y el teniente coronel Freddy José Muñoz Rodríguez. El objetivo de esta etapa preliminar es la de verificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjeron los hechos.

Documentos internos en poder de la Policía Nacional refieren que “la presunta omisión del hallazgo de material de guerra” estaría asociada directamente con una instrucción del comandante de la estación de los Mártires, quien habría ordenado “omitir los anuncios públicos y judiciales correspondientes al hallazgo”, establecieron en Noticias Uno.

Explicaron en ese medio de comunicación que el oficial señalado por estos es el teniente coronel Freddy Muñoz, quien, de acuerdo a registros referidos por el medio, habría manifestado que la situación debía ser manejada internamente y sin dar parte del hallazgo de estos elementos de uso militar.

Ante esta situación, funcionarios de menor rango dejaron constancia escrita de las órdenes recibidas, subrayando su obligación de obediencia jerárquica.

Además, en los reportes oficiales presentados a la cadena, los uniformados que realizaron el hallazgo describieron que uno de los lanzacohetes todavía podía ser activado, mientras que el otro ya había sido utilizado y, según las evaluaciones aportadas en los documentos, no representaba peligro, aunque el segundo aún era funcional.

La instrucción del Ministerio Público incluyó también la apertura de una “ruptura procesal”, delegando a la Policía Nacional el trámite referente al posible acoso laboral sufrido por el oficial que notificó el descubrimiento de los lanzacohetes, advertencia que fue acompañada de la salvedad de que el caso regresará a la Procuraduría Delegada si las circunstancias lo ameritan.

Por protocolo de la Disciplina de Instrucción para la Fuerza Pública, se aclara que la ruptura procesal procede en ausencia de acuerdo entre las partes involucradas o ante el incumplimiento de los compromisos asumidos durante una conciliación previa.