César Gaviria acusó al ministro de Salud de hacer una “demolición deliberada” del sistema y pidió investigación: “Podrían constituir faltas disciplinarias, fiscales y eventualmente penales”

La discusión sobre la situación del sistema de salud en Colombia volvió a encenderse tras las recientes declaraciones del expresidente César Gaviria, que en calidad de jefe del Partido Liberal señaló directamente al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, como responsable de lo que calificó como una estrategia de “demolición deliberada” de la estructura sanitaria del país.

El pronunciamiento del exmandatario se conoció a través de una carta divulgada el lunes 14 de julio, en la que expuso su preocupación por la magnitud de la crisis que enfrenta actualmente el sistema de salud.

Gaviria considera que la actual administración ha reemplazado el diálogo técnico y los consensos por lo que describe como una imposición de corte ideológico, situación que, según su perspectiva, estaría conduciendo a un colapso gradual pero seguro del modelo vigente.

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El jefe del liberalismo recordó que la crisis no se originó por falta de diagnósticos, pues diferentes instancias, como la Corte Constitucional y la Contraloría General de la República, han emitido alertas sobre la urgencia de tomar medidas correctivas.

No obstante, a juicio de Gaviria, esas advertencias habrían sido ignoradas por la cabeza del Ministerio de Salud, quien —según denunció— ha recurrido a mecanismos como solicitudes de nulidades, aclaraciones de fallos y otras acciones jurídicas para dilatar decisiones judiciales.

“Esta responsabilidad no recae exclusivamente en el ministro, sino también en la Superintendencia de Salud y en todos aquellos funcionarios que, por acción u omisión, han facilitado facilitado el colapso institucional. Estas conductas podrían constituir faltas disciplinarias, fiscales y eventualmente penales, y deben ser objeto de una investigación rigurosa e independiente”, expuso.

Entre los argumentos planteados, Gaviria enfatizó que la intervención de la Nueva EPS y de otras entidades aseguradoras no ha resuelto los problemas de fondo, sino que, en su criterio, ha contribuido a profundizar el déficit estructural sin ofrecer alternativas claras que garanticen la continuidad de la atención.

Según datos que presentó en su misiva, actualmente cerca de 29,7 millones de colombianos se encuentran afiliados a EPS intervenidas desde hace más de un año y medio, entidades que operan con dificultades financieras y sin un plan de salvamento que les permita recuperar la viabilidad.

“La Corte Constitucional ha sido clara: el derecho a la salud en Colombia es fundamental, autónomo e irrenunciable. La Sentencia T-760 de 2008 y la Ley Estatutaria 1751 de 2015 consolidaron ese reconocimiento y ordenaron transformaciones estructurales. Sin embargo, persisten fallas críticas que el Gobierno ha agravado”, añadió.

Para el exmandatario, la intención del Gobierno de eliminar de forma definitiva a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) plantea un riesgo adicional, ya que, de acuerdo con sus cálculos, no existen recursos fiscales suficientes para cubrir las millonarias deudas que el sistema arrastra con actores como los operadores farmacéuticos, a quienes se les adeuda una suma cercana a los 2,8 billones de pesos.

Gaviria también recordó que durante 2023, el Partido Liberal, junto con otras colectividades, como el Partido Conservador y el Partido de La U, presentaron propuestas para ajustar el sistema vigente sin desmantelarlo, pero que dichas alternativas no prosperaron en la agenda oficial, en parte debido a la postura que mantuvo en ese momento la entonces ministra Carolina Corcho, quien dejó clara la orientación del Gobierno de sustituir el modelo actual por una estructura de manejo estatal directo de los recursos de la salud.

“Frente a esta crisis, los partidos Liberal, Conservador y de la U propusimos en 2023 una ruta de reformas responsables, dentro del marco del sistema vigente, que la Corte Constitucional ha avalado, afirmando en la Sentencia C-378 de noviembre de 2023 que no existe prohibición alguna para que las EPS operen con ánimo de lucro y que el sistema vigente estaba dentro de nuestro ordenamiento constitucional”, apuntó.

Desde la visión del expresidente, esa línea de acción ha implicado, en la práctica, desmontar paulatinamente el sistema sin construir una base técnica y operativa que lo reemplace.

Considera que las decisiones que se han tomado no responden a una política pública integral, sino a una estrategia que —según advierte— compromete derechos fundamentales como la atención médica de millones de ciudadanos.

En su pronunciamiento, Gaviria pidió a la Fiscalía General de la Nación abrir una investigación para establecer si existen responsabilidades penales por una posible omisión dolosa del ministro Jaramillo.

Además, instó a la Contraloría y a la Procuraduría a intervenir en el ámbito fiscal y disciplinario, argumentando que las actuaciones del alto funcionario podrían estar relacionadas con un desfinanciamiento sistemático y con una gestión administrativa deficiente, factores que, a su juicio, alimentan una crisis estructural que va más allá de los problemas financieros.

“Desde el Partido Liberal, exigimos que la Fiscalía General de la Nación inicie una investigación formal contra el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo por posible omisión dolosa, al haber contribuido al desfinanciamiento sistemático del sistema y al deterioro progresivo del derecho fundamental a la salud”, escribió.