La Fiscalía General de la Nación informó que obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario contra 26 personas señaladas de integrar la estructura delincuencial conocida como ‘Los Mexicanos’, presuntamente responsable de al menos 89 robos cometidos mediante la modalidad de fleteo en el departamento de Chocó.
Según el ente investigador, los hechos ocurrieron entre enero de 2023 y marzo de 2025 en varios sectores de Quibdó y otros municipios del departamento.
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Durante este periodo, el grupo habría sustraído una suma cercana a los 7.828 millones de pesos. Las víctimas fueron abordadas tras retirar dinero de entidades bancarias y luego intimidadas con armas de fuego.
Las labores de investigación incluyeron interceptaciones telefónicas, entrevistas, revisión de cámaras de seguridad y seguimientos, con lo cual fue posible identificar la operación del grupo.
Según los elementos recaudados, los presuntos implicados se dividían en células que operaban de manera coordinada. Uno de los miembros ingresaba al banco simulando realizar una consignación, mientras observaba e informaba a sus cómplices sobre las características de la víctima y el monto retirado.
Posteriormente, otros integrantes seguían al afectado en motocicleta y, usando armas, lo despojaban del dinero.
La Fiscalía indicó que el producto del robo era entregado a otros miembros de la red para intentar evitar la intervención de las autoridades.
Entre los casos atribuidos a esta organización se encuentra el hurto de 334 millones de pesos a un directivo del ancianato de Condoto, que fue amenazado con arma de fuego.
En otro episodio, funcionarios de la Alcaldía de Río Iró fueron despojados de 233 millones de pesos que acababan de retirar.
Las capturas se realizaron durante 20 diligencias de registro y allanamiento, dos de ellas en locales comerciales donde se ofrecían servicios de reparación y venta de celulares y computadores. En esos procedimientos se incautaron tres teléfonos móviles reportados como robados y dos armas de fuego.
La Fiscalía Seccional Chocó les imputó a los procesados los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, uso de menores en la comisión de delitos, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
En audiencias concentradas, los procesados no aceptaron los cargos. Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento intramuros contra todos los capturados.
Judicialización de alias Flaco Carvajal
Recientemente, la Fiscalía informó que las actividades investigativas desplegadas por el ente acusador permitieron la judicialización de José Armando Carvajal Fernández, alias Flaco Carvajal, por su presunta participación en el secuestro y asesinato del personero de Cumbitara (Nariño), Jimmy Alejandro Rosero Chávez, ocurrido el 5 de noviembre de 2024.
El material probatorio recopilado estableció que el funcionario adelantaba una visita a víctimas en una vivienda del corregimiento de Sidón, a donde arribó un grupo armado de integrantes de las disidencias de las Farc que se lo llevó en contra de su voluntad.
Posteriormente, fue trasladado a un sector conocido como Puente Rojo en cercanías al corregimiento de Ejido, donde le habrían disparado en múltiples ocasiones causándole la muerte.
Al día siguiente, un grupo de integrantes del CTI, la Policía y el Ejército Nacional intentaron ingresar a la zona para adelantar el levantamiento del cadáver, pero fueron atacados con artefactos explosivos impidiéndoles adelantar el procedimiento. En este hecho resultó gravemente herido un soldado. El cuerpo del personero logró ser extraído del lugar dos días después del crimen.
La investigación determinó que Carvajal Fernández utilizando armas de uso personal y de uso restringido, así como explosivos, habría participado en la ejecución de estos hechos. Este hombre integraría el autodenominado frente Franco Benavides del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc.
En este sentido, una fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI), le imputó los delitos de homicidio agravado por la calidad de defensor de derechos humanos de la víctima, tentativa de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; fabricación, tráfico porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; secuestro simple y violencia contra servidor público. Los cargos no fueron aceptados.
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