
Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra José Armando Carvajal Fernández, conocido como alias Flaco Carvajal, señalado integrante de las disidencias de las Farc que estaría vinculado al secuestro y homicidio de Jimmy Alejandro Rosero Chávez, personero del municipio de Cumbitara, departamento de Nariño, ocurrido el 5 de noviembre de 2024.
De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía General de la Nación, el funcionario público y defensor de derechos humanos se encontraba en el corregimiento de Sidón, zona rural de Cumbitara (Nariño), en una misión humanitaria atendiendo a víctimas del conflicto armado.
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El ente acusatorio también resaltó que un grupo de hombres armados, presuntamente integrantes del frente Franco Benavides del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, irrumpió en el lugar y obligó al personero a salir del sitio.
Posteriormente, lo trasladaron a un sector conocido como Puente Rojo, en la zona rural del corregimiento de Ejido (Policarpa, Nariño), donde le dispararon en múltiples ocasiones hasta causarle la muerte.

El crimen provocó un fuerte rechazo en la región y entre organizaciones defensoras de derechos humanos. Al día siguiente, una comisión conformada por funcionarios del CTI, la Policía Nacional y el Ejército intentó ingresar a la zona para realizar el levantamiento del cuerpo, pero fue atacada con artefactos explosivos improvisados.
Allí, un soldado resultó gravemente herido y el procedimiento debió suspenderse. Solo dos días después, las autoridades lograron acceder al lugar y recuperar el cuerpo del personero municipal.
Además, el expediente de la Fiscalía señala que alias Flaco Carvajal habría participado directamente en la acción armada, utilizando armas de fuego y explosivos. Además, la evidencia técnica y testimonial lo vincula con los ataques a la comisión humanitaria que intentó recuperar el cadáver.

En ese sentido, una fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó los delitos de homicidio agravado —por tratarse de un funcionario público y defensor de derechos humanos—, tentativa de homicidio agravado, secuestro simple, violencia contra servidor público, así como fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego y municiones de uso restringido, privativo de las Fuerzas Militares o explosivos.
Durante la audiencia de imputación, Carvajal Fernández no aceptó los cargos en su contra. Este sujeto permanece privado de la libertad por otros procesos penales, entre ellos concierto para delinquir.
Cayó alias Gorrita, jefe de sicarios de las disidencias de las Farc
La captura y judicialización de José Armando Carvajal Fernández, alias Flaco Carvajal, se suma a otros operativos adelantados por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia para contrarrestar el accionar criminal del grupo armado en el país.
Entre ellos, se destaca la detención de un hombre identificado como alias Gorrita, considerado como el segundo cabecilla y jefe de sicarios del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc.

El operativo se produjo en el municipio de Miranda, norte del departamento de Cauca, durante un operativo conjunto entre la Seccional de Inteligencia Policial (Sipol), la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y la Fiscalía General de la Nación.
Según las investigaciones, alias Gorrita, también conocido como La H, era considerado una pieza clave dentro del aparato logístico y sicarial del grupo armado, con influencia en el sur occidente colombiano.
La coronel Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del Valle detalló que el hoy capturado estaría vinculado a la coordinación y ejecución de homicidios selectivos contra miembros de la fuerza pública, líderes sociales, docentes y población civil vulnerable de la región.

Entre los crímenes más graves en los que habría participado figura el asesinato del intendente de la Policía Nacional, Jhony Bustamante, ocurrido el 6 de enero de 2025 en el municipio de Florida (Valle del Cauca).
Alias Gorrita o La H fue dejado a disposición de las autoridades competentes donde deberá responder por una orden judicial en su contra por los delitos de homicidio doloso agravado y porte ilegal de armas de fuego.
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