En diferentes zonas de Antioquia, los bomberos enfrentan un escenario donde su neutralidad y función humanitaria se ven comprometidas por la presión y los riesgos que imponen los grupos armados ilegales.
Entre las situaciones más alarmantes, varios socorristas han denunciado que sus vehículos han sido interceptados durante misiones de auxilio, y que los heridos a quienes intentaban asistir fueron agredidos mortalmente ante su presencia, exponiéndolos también a ellos y a otros socorristas a una peligrosa vulnerabilidad.
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Tales episodios ilustran el deterioro de las garantías básicas de seguridad y la inobservancia de las normas humanitarias.
La alerta lanzada por los Bomberos de Antioquia responde a una escalada de incidentes en los que los grupos ilegales no solo omiten el respeto por el trabajo neutral de los equipos de emergencia, sino que, en varias ocasiones, han forzado a los socorristas a prestar atención médica en medio de enfrentamientos, a menudo en áreas contaminadas con minas antipersona, incrementando así el riesgo de muerte o lesiones graves.
El capitán Luis Bernardo Morales, delegado de los Bomberos de Antioquia, expresó a Teleantioquia que algunos de sus compañeros han vivido situaciones extremas en las que han sido obligados por actores armados a detener unidades de emergencia, bajar a personas heridas y presenciar cómo esas víctimas eran ejecutadas en plena vía.
Morales explicó: “Y han tenido algunos compañeros situaciones donde detienen el vehículo de emergencia, bajan a la persona que está herida o lesionada, y es rematada en la mitad de la vía, poniendo también en riesgo la integridad de los bomberos y los demás socorristas”.
La situación descrita no solo eleva la peligrosidad para los socorristas, sino que también tiene un impacto directo en la atención a la población civil. De hecho, en algunas localidades los bomberos han sido retenidos durante horas por los actores ilegales, lo que les impide acudir a otras emergencias y priva a los heridos de recibir atención médica oportuna.
Los representantes de los cuerpos de emergencia sostuvieron que estas conductas constituyen una violación a los tratados internacionales de derechos humanos y ponen de manifiesto el grado de violencia que se registra en los territorios más afectados por el conflicto.
A esto se suma una preocupación adicional señalada por los socorristas: el incremento de incendios forestales atribuidos a estrategias de control territorial por parte de los grupos armados. Según explicó el capitán Morales a Teleantioquia, al llegar a atender eventos de este tipo han encontrado que los responsables de iniciar los incendios lo hacen para despejar zonas y favorecer la vigilancia o el dominio frente a bandas rivales.
Morales indicó: “Hemos encontrado situaciones donde nos llaman y nos reportan un incendio forestal y cuando llegamos a ese lugar, pues infortunadamente, quienes generaron el incendio, lo están haciendo para despejar su zona y poder vigilar o poder tener un mayor control de sus bandas rivales”.
Los desafíos para los bomberos se ven incrementados por directrices nacionales que, desde su perspectiva, les restan capacidad de acción. Los funcionarios han cuestionado una circular del Ministerio del Interior que prohíbe la participación de los organismos de socorro en entornos de disturbio o alteración del orden público, afirmando que esta ordenanza ignora la realidad de los territorios y limita su respuesta ante emergencias.
Los representantes de los bomberos argumentaron a Telantioquia que en muchos lugares remotos del departamento son ellos los únicos capaces de acceder y prestar la ayuda humanitaria que la población requiere.
En este contexto, la labor de los Bomberos de Antioquia se ha tornado especialmente riesgosa y limitada, expuesta tanto por la coacción ejercida por los grupos armados ilegales como por disposiciones institucionales que, según los socorristas, no se adecúan a la complejidad del conflicto en el departamento.
La alerta emitida busca llamar la atención sobre estas amenazas, subrayando la urgente necesidad de garantizar la protección y la operatividad de los organismos de socorro en zonas afectadas por la violencia.
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