Arroceros le pidieron al Gobierno Petro una mesa de diálogo, pero reafirmaron su amenaza de un paro nacional indefinido

La magnitud de las pérdidas económicas que enfrentan los cultivadores de arroz quedó evidenciada con el testimonio de líderes del sector, quienes informaron que una diferencia de hasta $1.000.000 por hectárea cosechada en el ingreso de los agricultores constituye el detonante principal para una protesta nacional.

Esta situación motivó la convocatoria a un paro nacional indefinido de los arroceros, programado para iniciar el lunes 14 de julio, como reacción ante lo que describen como una crisis sin precedentes en la historia reciente del sector arrocero colombiano.

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A la convocatoria se suman advertencias de los gobernadores de 20 departamentos de producción arrocera, quienes han hecho un llamado urgente para instaurar un canal de diálogo y acción conjunta bajo el liderazgo del Gobierno nacional.

La preocupación abarca no solo el impacto en la producción y la economía, sino también la posibilidad de que la movilización derive en alteraciones del orden público. Estas autoridades expresaron su total disposición para articular esfuerzos que eviten mayores afectaciones a la economía rural y a la seguridad alimentaria del país, reconociendo la gravedad de la coyuntura.

La crisis que afecta al sector arrocero se manifiesta en varios frentes. Los bajos precios de comercialización y el alza en los costos de producción tienen efectos negativos directos sobre la estabilidad del sector.

A estas dificultades se suman las consecuencias de la actual temporada invernal, el retraso en el cumplimiento de compromisos previamente pactados por parte del Gobierno y la presión creciente de competidores externos.

El riesgo se extiende a los ámbitos del empleo rural y de la seguridad alimentaria nacional, situación que ha encendido las alarmas tanto en los productores como en los líderes regionales.

En respuesta a estos desafíos, los gobernadores proponen la creación inmediata de una Mesa Nacional por el Sector Arrocero, instancia que debe integrar ministerios como Hacienda, Agricultura y Comercio, junto con alcaldes y representantes de la producción. Este foro multisectorial pretende coordinar a los distintos actores y trazar líneas de acción integrales para abordar tanto los problemas coyunturales como estructurales.

El presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND) y gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, intervino destacando la gravedad del escenario: “El sector arrocero se encuentra en un punto crítico que podría poner en riesgo la seguridad alimentaria y la economía de miles de familias campesinas”.

Luego de una reunión que integró a representantes de Sucre, Tolima, Casanare, Meta, Arauca, Guaviare, Guainía, Huila, Norte de Santander, Magdalena, Córdoba, Bolívar y Santander, los mandatarios insistieron en la urgencia de establecer un espacio para la convergencia de fuerzas estatales, productivas y privadas.

Las problemáticas estructurales identificadas por los propios gobernadores incluyen el constante aumento de los costos para cultivar arroz y la falta de acceso a innovación tecnológica, factores agravados por la incidencia del cambio climático. Una preocupación reiterada se refiere a las importaciones de arroz desde países como Ecuador y Uruguay, donde los subsidios estatales permiten que el producto llegue a Colombia con precios inferiores, desplazando la producción nacional por una competencia percibida como desleal.

Datos de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), recogidos por El Nuevo Oriente, indican que aproximadamente el 70 % de los agricultores arroceros experimentan pérdidas y algunos optan por abandonar sus campos por completo.

Por su parte, puntualizó que la raíz de la protesta de los arroceros no reside exclusivamente en la caída de los precios. El sector enfrenta un entorno donde la estructura de mercado se ha concentrado en grandes empresas molineras, situación que limita la participación y entrada a cientos de pequeños agricultores y apunta a una problemática más profunda que abarca la distribución de beneficios y el poder de negociación dentro de la cadena de valor.

El contrabando de arroz y los efectos de los Tratados de Libre Comercio (TLC) también forman parte del diagnóstico crítico: el ingreso sin control de arroz extranjero por las fronteras y las obligaciones de importación asociadas a estos acuerdos afectan la demanda del producto cultivado internamente, pese a la capacidad de Colombia para abastecer el consumo nacional.

Frente al llamado de los arroceros, el Ministerio de Agricultura inició una serie de encuentros exploratorios con delegados de las carteras de Comercio, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Superintendencia de Industria y Comercio. El jefe de Despacho, Alfredo Saade, participó activamente en la evaluación de medidas posibles, según reportó El Colombiano.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, reconoció que los precios ofrecidos por el arroz verde han caído más de lo proyectado, aunque recalcó que los inventarios nacionales permanecen en niveles elevados y el consumo interno no evidencia una reducción relevante.

La ministra especificó: “Mantenemos las medidas de apoyo a los insumos agropecuarios de los productores, mantenemos las medidas de alivio en el crédito, y el apoyo directo para la primera cosecha del año y mantenemos las mesas técnicas que entre los viceministros de Comercio y Agricultura se vienen adelantando”.

Además, la titular de Agricultura anticipó que el Gobierno está considerando ajustes regulatorios para corregir las distorsiones en los precios, de conformidad con la Ley de Comercio y de Agricultura. Indicó que, aunque el país opera bajo un régimen de libertad vigilada para la fijación de precios, se analizan alternativas con el sector comercio para determinar las acciones requeridas.