Gustavo Bolívar negó que exista un plan para robarse las elecciones de 2026: “En vez de estar diciendo babosadas…”

El presidente Gustavo Petro desconfía de las elecciones que se llevarán a cabo en 2026 y aseguró que podría presentarse un fraude electoral, debido a la injerencia que tendría la multinacional Thomas Greg & Sons en los comicios. La Registraduría Nacional del Estado Civil estaría por otorgarle un millonario contrato a la Unión Temporal de Integración Logística Electoral (UT ILE 2026), de la que hace parte la empresa, para que se encargue de toda la logística electoral.

De acuerdo con la entidad, el oferente elegido deberá “proveer una solución integral logística, tecnológica, informática y de servicios para la organización y realización de las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud, Congreso y presidente y vicepresidente de la República de 2025 y 2026″. El contrato contempla un presupuesto de ejecución de $2.135.215.742.083.

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Las dudas del primer mandatario sobre la transparencia de las contiendas electorales fueron cuestionadas por la oposición, que recordó que por medio del sistema electoral actual, y con la participación de Thomas Greg & Sons, logró llegar a la Presidencia en 2022 y ocupar otros cargos públicos de elección popular. Además, advirtieron que podría estar tratando de garantizar una reelección irregular.

No obstante, según el exdirector del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar, que aspiraría a la Presidencia, desde hace varios años han advertido sobre vacíos en el proceso electoral y sobre la necesidad de hacer un auditaje.

“Otra vez Thomas Greg and Sons manejará las elecciones. Llevamos años pidiéndoles que permitan a TODOS los partidos auditar los códigos fuente del software que cuenta los votos. No han dejado. Este es el problema de privatizar las elecciones de un país”, escribió en su cuenta de X.

Asimismo, criticó el rol que ha cumplido la Registraduría Nacional del Estado Civil en la selección de la empresa que se encargará de la logística de las elecciones. Pues, desde su perspectiva, este requerimiento debió ser incluido en el pliego de condiciones del proceso de licitación por medio del cual adjudicará el millonario contrato.

Indicó que, en 2012, el Consejo de Estado ordenó el auditaje del software y la implementación del voto electrónico, lo cual, desde su perspectiva, estaría siendo ignorado por la Registraduría. Ante este panorama, se hace más fácil propiciar un fraude electoral: “En el papel, en los E-14 y los E-24 se les arregla la vida fácilmente a los que compran elecciones”, explicó.

En consecuencia, instó a quienes señalan al presidente de querer afectar los comicios para su beneficio a impulsar la verificación del software para garantizar la transparencia de las elecciones. “En esto deberíamos estar unidos todos los partidos en vez de estar diciendo babosadas de que queremos robarnos las elecciones. El auditaje del software nos da garantías a todos”, concluyó.

La senadora del Pacto Histórico María José Pizarro se unió al debate recordando que en mayo de 2022, la campaña del hoy presidente Gustavo Petro expresó preocupación sobre la transparencia del proceso electoral de ese año, enfocándose en la seguridad del software utilizado para las elecciones.

De acuerdo con el comunicado que emitieron desde la campaña en ese momento, según un informe elaborado por un experto designado para revisar el software de Disproel, empresa Thomas Greg & Sons, se identificaron varios puntos críticos en el mismo.

El informe indicó que solo se revisó aproximadamente el 10% del código y que esa verificación se realizó en un entorno de desarrollo, no en el ambiente de producción. Esto impidió comprobar el comportamiento real del software. Además, el código fuente no fue entregado para pruebas de seguridad, funcionalidad y procesamiento. Adicionalmente, advirtió que el código fuente productivo estaba congelado y que el presentado para revisión no corresponde al utilizado en el proceso electoral.

La empresa encargada del escrutinio argumentó que existen derechos de propiedad intelectual sobre el software, lo que, según la campaña, no resulta comprensible en el contexto de un proceso democrático y público.

“Por todo lo anterior, desde nuestra campaña insistimos en la alerta que hemos manifestado sobre la inconveniencia de impedir la auditoría internacional al software electoral por parte del Consejo Nacional Electoral”, añadió.