Polémica en el Ministerio de Igualdad: funcionarios están acusados de malos manejos financieros, discriminación y hasta racismo

Sigue la turbulencia para el Ministerio de la Igualdad después de que se conocieran nuevos detalles de las denuncias que pesan sobre algunos funcionarios de la cartera por presunta discriminación y hasta racismo.

De hecho, según documentos obtenidos por El Espectador, en marzo de 2025, la cartera experimentó turbulencias internas que alteraron la continuidad de su gestión y afectaron la ejecución de sus proyectos clave.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tan solo en los últimos seis meses, la dirección ejecutiva responsable del manejo presupuestario de la cartera cambió al menos en tres ocasiones, lo que generó preocupación sobre la estabilidad administrativa en uno de los ministerios insignes del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

La institución, creada como eje de campaña en 2022 y presidida por la vicepresidenta Francia Márquez, se ha visto envuelta en una crisis derivada tanto de enfrentamientos internos como de denuncias por presuntas irregularidades.

Las denuncias contra la cartera se suman a la incertidumbre por el futuro del Ministerio, debido a la orden de la Corte Constitucional de que el proyecto que le otorgó vida jurídica regrese al Congreso para un nuevo trámite, en un momento en que las mayorías parlamentarias no le resultan favorables al Ejecutivo.

Paralelamente, se recibieron denuncias graves contra la viceministra de las Mujeres, Tamara Ospina Posse.

Tres quejas formales, radicadas entre abril y mayo de 2025 ante el despacho del Ministro, la Procuraduría bajo la dirección de Gregorio Eljach y la Defensoría del Pueblo encabezada por Iris Marín, la señalan por “acoso laboral agravado, hechos de hostigamiento, discriminación, abuso de poder, violencia de género y persecución política”.

Según documentos conocidos por El Espectador, son varios los relatos que mostrarían los presuntos abusos de la viceministra.

“He callado, soportado por meses abusos, maltratos, violencias, discriminaciones, injurias, calumnias”, se lee en uno de los informes.

La denunciante, cuya identidad se mantiene en reserva por el estado de las investigaciones, expuso que Ospina habría limitado comunicaciones e imputado persecución a trabajadores y contratistas.

Documentación recopilada enumera hasta catorce exfuncionarios o colaboradores actuales capaces de respaldar estas declaraciones; describen un entorno “insostenible” y acusan a la viceministra de actuar de manera “agresiva” y “violenta”, careciendo, además, de experiencia en la gestión pública.

Las divergencias entre Tamara Ospina y la vicepresidenta Márquez, según fuentes consultadas por El Espectador, se remontan a la tensión generada por maneras de proceder dentro del equipo.

Márquez supuestamente llegó a requerir a Ospina, en reiteradas ocasiones, que guardara el respeto hacia colegas y superiores.

Tamara Ospina presentó su renuncia el 3 de junio, casi cuarenta días después de formalizarse las denuncias.

Esta decisión, sin embargo, no se ha oficializado aun debido a que requiere la firma del presidente Petro, único competente para destituir a viceministros desde el comienzo de su gestión.

Al ser consultada por el diario nacional, la propia Ospina alegó que las acusaciones constituyen “injurias” y “calumnias” dentro de un “contexto político” que favorece la condena sin pruebas.

“En la entidad no se está respetando dos derechos que yo tengo, que son la presunción de inocencia y el debido proceso”, señaló.

Incluso, afirmó no haber recibido notificación formal de ninguna pesquisa contra ella ni de parte de la Procuraduría ni desde el propio Ministerio de Igualdad.

Por su parte, de acuerdo con una respuesta emitida por la Oficina de Control Disciplinario Interno al derecho de petición presentado por Ospina y divulgada por El Espectador, hasta el 20 de mayo de 2025 “no existen en esta oficina acciones disciplinarias contra la viceministra”.

No obstante, la Procuraduría reconoció estar evaluando una queja en su contra, la cual permanece bajo la gestión del delegado para la vigilancia administrativa, José Rodrigo Vargas. Por su parte, la Defensoría del Pueblo declaró haber acompañado a las denunciantes y solicitado información al Ministerio, pero indicó no haber tenido respuesta hasta la fecha.

Otra de las denuncias compiladas sostiene: “Lo que está ocurriendo no es un simple malentendido; es una expresión de racismo, poder, que ignora y silencia otras voces”, comentarios reforzados por nuevos testimonios recolectados por el diario, quienes afirmaron que integrantes afrodescendientes del Viceministerio también habrían padecido conductas discriminatorias.

El ministerio atraviesa, además, dificultades presupuestales y de gestión. Para 2025, la entidad cuenta con una asignación de 1.2 billones de pesos, pero ha debido postergar el desembolso de más de la mitad —669.053 millones de pesos— por limitaciones de tesorería, de acuerdo con El Espectador.

La ejecución hasta la primera mitad del año no supera el 1,9 %, cifra señalada por el propio Rosero como insuficiente, derivada, en parte, de retrasos en la contratación y disputas alrededor del control del Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial, instancia responsable de gerenciar los principales recursos del ministerio.

Esta dirección ejecutiva funciona con cierta autonomía, establece el decreto 1896 de 2023, y su titular no responde directamente al ministro sino que es designado por el Consejo Directivo del Fondo. El cargo actualmente lo ocupa John Jairo Blandón Mena, aliado de Rosero y con una larga trayectoria en el Proceso de Comunidades Negras, al igual que la vicepresidenta Márquez. Anteriormente, estuvo en el puesto Ricardo Adolfo Suárez Belmonte, designado —según fuentes internas— por recomendación del ministro del Interior Armando Benedetti, aunque desde su despacho niegan injerencia en la decisión.

Documentos internos citados por El Espectador evidenciarían que Suárez Belmonte buscó, desde el 5 de junio de 2025, condicionar nuevas contrataciones a la aprobación de proyectos específicos de fortalecimiento institucional, instrucción dirigida a las áreas de Planeación y Proyectos del ministerio así como a los cinco viceministros. Este freno ocasionó nuevos roces dentro de la entidad.

El ministro Rosero admitió que las trabas en la contratación motivaron una reforma en el manual de procedimientos del Fondo, con el objetivo de simplificar los trámites y elevar la ejecución presupuestaria. Señaló además que existen “18 proyectos por iniciar contratación, que suman 240.000 millones de pesos” y que el programa Jóvenes en Paz, emblemático para la cartera, se encuentra en fase de transición tras pasados problemas contractuales.