
El Ministerio de Educación Nacional y el Icetex presentaron el primer balance oficial de afectaciones en sedes educativas tras el terremoto del 10 de agosto, una emergencia que obligó a suspender actividades en 91 instituciones y dejó 54 sedes con alta afectación en infraestructura, impactando a más de 114.000 estudiantes en el país.
El reporte preliminar, que abarca tanto universidades públicas como privadas, reveló la magnitud de los daños y traza la hoja de ruta para el acompañamiento, la recuperación del servicio educativo y la rehabilitación de espacios escolares seguros.
En el sector de la educación superior, se consolidaron 243 reportes de afectación en 117 Instituciones de Educación Superior (IES). Según la información recogida, 54 sedes presentan graves daños estructurales y 91 han debido suspender temporalmente sus actividades académicas, lo que afecta la continuidad de los procesos formativos de 114.855 estudiantes.
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El Ministerio de Educación, en coordinación con las Secretarías de Educación, las propias IES y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, lidera la verificación de condiciones de seguridad y el fortalecimiento de los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres.
El diagnóstico en esta primera etapa permitirá orientar las decisiones sobre la continuidad del servicio educativo, la priorización de la recuperación de la infraestructura y la implementación de condiciones de seguridad para comunidades estudiantiles y docentes. La ministra de Educación Nacional, Viviane Morales Hoyos, junto a sus viceministros y equipos técnicos, mantiene seguimiento permanente a la emergencia y articula esfuerzos con actores territoriales y nacionales para avanzar en el restablecimiento del servicio.
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Acciones inmediatas y planes de recuperación
El ministerio anunció un acompañamiento integral que incluye la activación y fortalecimiento de los planes de gestión del riesgo, la verificación de condiciones de seguridad, y la articulación con aseguradoras para establecer el alcance de los daños y las coberturas correspondientes.

Solo con la valoración técnica completa se podrán definir las necesidades adicionales no cubiertas y, a partir de ellas, las acciones y apoyos que corresponderán al Gobierno nacional para avanzar en la recuperación de sedes educativas.
A partir de las necesidades identificadas, el Ministerio definirá medidas para favorecer el bienestar de las comunidades universitarias y escolares, la continuidad académica y el restablecimiento del servicio educativo. Entre los apoyos considerados se encuentran: alimentación, transporte, alojamiento, conectividad, equipos tecnológicos y atención psicosocial para estudiantes y docentes cuando sean requeridos.
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Alivios y excepciones para beneficiarios del Icetex
El Gobierno nacional, a través del Icetex, evalúa alivios y excepcionalidades para los estudiantes afectados por el desastre, con el fin de garantizar que no pierdan oportunidades académicas ni enfrenten sanciones por causas derivadas de la emergencia.

Se analizará la flexibilización de condiciones en los créditos educativos y el acompañamiento a estudiantes regulares y docentes del magisterio, reiterando que ningún beneficiario quedará solo frente a la situación. La prioridad, según la entidad, es brindar tranquilidad y respaldo a quienes han visto alterado su proceso educativo y su bienestar personal.
Redireccionamiento de recursos y cooperación internacional
Como parte de la respuesta estructural, la ministra Morales Hoyos se reunió con Rodrigo Peñailillo, representante de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, para acordar la redirección de USD 48 millones del actual Programa de Espacios Educativos.
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Los fondos se destinarán prioritariamente a la recuperación y reconstrucción de instituciones educativas en las zonas más afectadas, especialmente en el departamento del Chocó. Adicionalmente, CAF movilizará recursos para la atención temprana de la emergencia, permitiendo la ejecución de diagnósticos de daños, estructuración de proyectos y apoyo a la planificación de la reconstrucción.

Igualmente, el Ministerio de Educación Nacional, junto al Inci y el Insor, implementará estrategias de atención incluyente para personas con discapacidad visual y auditiva. El Insor apoyará con intérpretes de lengua de señas colombiana y la adaptación de alertas y protocolos de emergencia a formatos accesibles, mientras que el Inci brindará orientación técnica a brigadas de búsqueda y rescate, así como información en formatos de audio y braille.
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