La Superintendencia de Sociedades intervino y suspendió actividades de dos empresas por captación ilegal de recursos

La Superintendencia de Sociedades ordenó la suspensión inmediata de las actividades de captación no autorizada de las empresas VSF Factor S.A.S. y Nanotecnología Ambiental de Colombia S.A.S. BIC, tras identificar un esquema ilegal que comprometió más de $4.225 millones y afectó a por lo menos 80 personas en Colombia.

La entidad también intervino directamente a los representantes legales de ambas compañías: Javier Ricardo Escandón Santos, Diana Paola Ruiz García y Jesús David Forero Gómez, al determinar que, mediante contratos simulados de factoring, las firmas recibían dinero del público con la promesa de devolverlo en un plazo determinado, más una ganancia fija.

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Este modelo, sin autorización legal, constituye una forma de captación ilegal de recursos del público, una actividad prohibida en Colombia sin el aval de la Superintendencia Financiera.

Cómo operaba el modelo

De acuerdo con la investigación adelantada por la SuperSociedades, VSF Factor ofrecía a los inversionistas contratos de “factoring” —una figura legal en la que una empresa vende sus facturas o títulos valores a cambio de liquidez inmediata—, pero en realidad no se trataba de facturas legítimas.

En lugar de adquirir derechos sobre cuentas por cobrar de terceros, la empresa emitía pagarés propios como garantía de devolución del dinero, una práctica incompatible con el negocio legítimo del factoring.

Los recursos eran canalizados a través de Nanotecnología Ambiental de Colombia, sin que esta operación contara con los permisos necesarios, ni correspondiera al objeto social aprobado por la Superintendencia.

Según la entidad, ambas firmas usaban este mecanismo para captar dinero de particulares sin autorización, disfrazando su operación como si se tratara de inversiones legales.

Un pasivo millonario y un llamado de atención

Este esquema generó un pasivo acumulado que supera los $4.225 millones, monto que representa la suma de las obligaciones asumidas por las compañías frente a los inversionistas.

Las víctimas son en su mayoría ciudadanos particulares que creyeron en la promesa de una rentabilidad fija en plazos cortos, respaldada por pagarés y contratos formalizados.

“El factoring es una operación legal que consiste en la compra y venta de facturas, pero estas empresas estaban incurriendo en captación ilegal de recursos, al obligarse mediante pagarés propios y recibir el dinero a través de otra compañía”, explicó el superintendente Billy Escobar.

El funcionario hizo un llamado a todas las sociedades en el país a no disfrazar operaciones ilegales como si fueran negocios legítimos.

“Las sociedades no pueden pretender asimilar negocios ilegales con figuras legales como el factoring. Esto desvirtúa su objeto social y pone en riesgo a los inversionistas”, subrayó.

Medidas tomadas y proceso judicial

Frente a la gravedad de los hechos, la Superintendencia de Sociedades adoptó varias medidas.

En primer lugar, ordenó la suspensión inmediata de cualquier actividad de captación no autorizada de ambas compañías.

En segundo lugar, intervino formalmente a sus representantes legales, lo que implica la restricción del manejo de bienes, cuentas y decisiones empresariales sin supervisión.

Además, se anunció que en los próximos días se iniciará un proceso de intervención judicial, con el objetivo de buscar la devolución de los recursos a los afectados.

Este proceso es coordinado por la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia de la SuperSociedades, y tiene como fin la protección del interés público, el orden económico y los derechos de las personas perjudicadas.

Las personas afectadas por este esquema ilegal podrán participar en el proceso judicial de intervención.

Para hacerlo, deben documentar adecuadamente los montos invertidos, los contratos o pagarés que firmaron, y cualquier otra prueba que demuestre su vínculo con las empresas intervenidas.

Se recomienda a los afectados estar atentos a las convocatorias y comunicados oficiales de la Superintendencia, y no caer en nuevas estafas o asesorías informales. Es clave realizar cualquier trámite a través de los canales institucionales.

¿Qué es la captación ilegal en Colombia?

En Colombia, la captación no autorizada de dinero ocurre cuando una persona natural o jurídica recibe recursos del público sin permiso de la Superintendencia Financiera, ofreciendo normalmente intereses o rendimientos fijos en un tiempo determinado.

Este tipo de esquemas son frecuentes en modalidades de pirámide financiera, inversiones ficticias o negocios camuflados que simulan legalidad, como ocurrió en este caso.

La Superintendencia advirtió que continuará fortaleciendo sus mecanismos de inspección para detectar a tiempo este tipo de operaciones fraudulentas, que afectan la confianza del público y el buen funcionamiento del sistema económico formal.