
No cesan las labores del gobierno norteamericano, encabezado por el presidente Donald Trump, para ponerles fin a los inmigrantes latinos que llegaron a suelo estadounidense.
De hecho, después de que el mandatario de ese país ordenara el traslado de casi treinta inmigrantes ilegales considerados “los más violentos y peligrosos” a un centro de detención en la Base Naval de Guantánamo, ubicada en Cuba, en la tarde de este martes 8 de julio se conoció la lista oficial de los trasladados, incluidos tres colombianos.
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Esta decisión, respaldada por el Departamento para la Seguridad Interna (DHS), incluye la reubicación de extranjeros con antecedentes criminales graves, señalando un viraje sustancial en el uso de la instalación, tradicionalmente utilizada para sospechosos de terrorismo internacional.
La lista publicada por el DHS, apodada internamente como “los peores de los peores”, identifica entre sus miembros a tres ciudadanos colombianos, todos ellos condenados por delitos graves en territorio de Estados Unidos.

Ramiro Villanueva, uno de los incluidos, fue sentenciado por tráfico de cocaína tras comandar una red de transporte de estupefacientes desde América Latina hacia la costa este estadounidense. Su captura ocurrió en Miami en 2023, luego de una operación conjunta entre la DEA y el Departamento de Seguridad Nacional.
El segundo colombiano listado es Luis Fernando Ospina Tabarez, hallado culpable de tráfico de heroína. Durante su proceso judicial, se documentó que fungía como intermediario de una organización transnacional con nexos en laboratorios clandestinos del sur de Colombia y puntos de distribución en Nueva York y Chicago. La investigación dejó al descubierto vínculos con carteles locales y la utilización de rutas marítimas encubiertas para el traslado de la droga.
A la lista se suma Brayan Vásquez-Montero, condenado por asalto agravado con arma. Documentos judiciales lo vinculan a una serie de ataques armados en Houston, Texas, que resultaron en varios heridos.
Las autoridades destacaron que tanto estos ciudadanos colombianos como los otros trasladados representan “una amenaza severa para la seguridad pública”, debido a la naturaleza extremadamente violenta de sus delitos, que según el DHS incluyen asesinatos, tráfico de narcóticos y abuso sexual infantil.

Estas detenciones forman parte de una expansión del Centro de Operaciones Migratorias de Guantánamo Bay, ordenada directamente por la Casa Blanca.
Como parte de la iniciativa, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, recibió instrucciones para emplear todas las instalaciones disponibles, incluyendo otras prisiones de máxima seguridad como la conocida Alcatraz del Alligator en La Florida y el centro penal Cecot en El Salvador.
Expresando la posición gubernamental, la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, sostuvo: “Estamos arrestando a inmigrantes ilegales criminales y sacándolos de las calles de Estados Unidos. Guantánamo alberga a los peores entre los peores: depredadores de menores, violadores, asesinos. Nuestra postura es clara: los criminales no son bienvenidos en Estados Unidos”.
Según publicó El Tiempo, el uso de Guantánamo para albergar a inmigrantes ilegales criminales representa una estrategia sin precedentes en la historia reciente norteamericana.
El listado oficial del DHS incorpora también a individuos originarios de Honduras, China, India, Rumanía, El Salvador, Guatemala, Vietnam, Venezuela y Reino Unido.
Los cargos atribuidos a los detenidos incluyen secuestro, homicidio, robo a mano armada, abuso sexual a menores y distribución de pornografía infantil. Para todos ellos existen órdenes de deportación definitivas dictadas por jueces migratorios.
La vocera McLaughlin enfatizó: “No vamos a permitir que estos criminales vuelvan a caminar libremente por nuestras ciudades. El presidente Trump y la secretaria Noem están utilizando todas las herramientas legales disponibles para proteger a los ciudadanos estadounidenses”.
Mientras el gobierno estadounidense ejecuta la nueva política, el Gobierno colombiano aún no ha emitido declaraciones respecto a la situación de los tres nacionales detenidos en Guantánamo.
Se especula que el Ministerio de Relaciones Exteriores intentará conseguir acceso consular y analizará las repercusiones jurídicas y diplomáticas derivadas de este caso.
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