Este es el permiso que tendrían que pedir ahora los colombianos que arriendan una casa o un apartamento a turistas

Hay noticias poco agradables para miles de colombianos que viven del arriendo de viviendas, ya sea apartamento o casa. Un proyecto de ley que surte trámite en el Congreso de la República busca modificar de manera integral la Ley 675 de 2001 y promete transformar la forma en que se gestionan las copropiedades, el arriendo por temporadas y la convivencia en conjuntos residenciales, algo que podría resultar muy incómodo para quienes aprovechan esta nueva actividad económica.

Y es que el auge de las propiedades horizontales en Colombia responde a la demanda de los que buscan seguridad privada, cámaras de vigilancia y acceso a zonas comunes mediante el pago de cuotas compartidas. Dicho modelo de vivienda, elegido tanto por familias como por personas solas, propició el crecimiento de copropiedades en todo el país. Sin embargo, la proliferación de arriendos temporales, en especial por medio de plataformas como Airbnb, generó tensiones entre residentes y evidenció la falta de control de los administradores frente a la modalidad de arriendo turístico.

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El proyecto de ley 632 de 2025, presentado por los representantes a la Cámara Julio Roberto Salazar Pérdomo, Juan Daniel Peñuela Calvache, Armando Antonio Zabaraín de Arce y Ciro Antonio Rodríguez Pinzón, entre otros, propone la creación del Registro Único Nacional de Copropiedades y de Administradores.

Con este sistema se permitiria identificar a las personas y entidades responsables de la administración, lo que hace una diferencia entre propiedades residenciales, comerciales e industriales.

“El arriendo turístico sin control ha facilitado delitos como microtráfico, prostitución y explotación sexual infantil, lo que obliga a establecer reglas claras y estrictas”. Esta advertencia, incluida en el proyecto de ley resume la preocupación central que impulsa la reforma al régimen de propiedad horizontal en Colombia.

Vigilancia y control del régimen de propiedad horizontal

Además, la iniciativa plantea que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) asuma la inspección, vigilancia y control del régimen de propiedad horizontal, con el argumento de que las alcaldías carecen de la capacidad técnica e independencia política necesarias para ejercer esa función.

Aspectos controvertidos

Uno de los aspectos más controvertidos de la modificación es la regulación del arriendo con fines turísticos en propiedades horizontales, una actividad que representa una fuente de ingresos para miles de personas. El proyecto establece lineamientos para el uso de viviendas con fines turísticos, con el objetivo de organizar una práctica que creció sin mayor control y generó molestias a los copropietarios.

Los propietarios que deseen alquilar los apartamentos por plataformas como Airbnb deberán cumplir con varias condiciones:

• Obtener la autorización de la asamblea general de copropietarios.
• Formalizar la autorización mediante una reforma al reglamento interno que especifique el uso turístico del inmueble o conjunto.
• Cumplir con la Ley General de Turismo, lo que implica el registro nacional, requisitos fiscales y normas de seguridad.

Inseguridad y deterioro de espacios

La protección de los residentes permanentes constituye otro eje de la reforma. El ingreso constante de visitantes puede generar inseguridad, ruido y deterioro de los espacios comunes, por lo que se busca preservar el ambiente residencial. Además, la iniciativa resalta la necesidad de prevenir delitos asociados al arriendo turístico sin control, como el microtráfico y la explotación sexual infantil.

De esta manera, los que desarrollen este tipo de negocio necesitarán:

• Autorización expresa de la copropiedad y deberán operar a través de plataformas oficiales.
• Estarán obligados a cumplir con las normas tributarias y pagar impuestos como el IVA, lo que podría representar un desafío financiero para muchos.

Con estas medidas, el proyecto de ley pretende reforzar la seguridad, proteger la tranquilidad de los residentes y asegurar que quienes realicen alquileres turísticos cumplan con la legalidad.

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