El nuevo modelo de pasaportes no arrancará en septiembre de 2025: Cancillería admitió retrasos y ausencia de un acuerdo

La Cancillería de Colombia confirmó que el nuevo modelo de expedición de pasaportes no podrá iniciar el 1 de septiembre de 2025, fecha en la que vence el contrato vigente con la empresa Thomas Greg & Sons.

La respuesta fue emitida oficialmente mediante un derecho de petición contestado a la senadora Angélica Lozano, que alertó sobre el inminente riesgo de una crisis institucional si no se toman medidas urgentes.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores reconoció que actualmente no existe un acuerdo firmado con el Gobierno de Portugal, país que, a través de su Casa de la Moneda, sería el encargado de implementar el nuevo sistema de producción de libretas.

“La Cancillería ha confirmado por escrito que no hay acuerdo firmado con Portugal, que la planta de producción nacional no está lista y que no hay presupuesto que garantice recursos para garantizar la continuidad a 2030 de la expedición de pasaportes. Están improvisando, y eso puede dejar a Colombia sin pasaportes en septiembre”, afirmó la senadora Lozano.

Respuesta oficial de la Cancillería: sin cronograma, sin planta y sin recursos

En la comunicación oficial fechada el 7 de julio de 2025, el Ministerio detalló las razones por las cuales no será posible iniciar el nuevo modelo de expedición de pasaportes a partir del 1 de septiembre:

• No hay acuerdo aprobado con Portugal: “A la fecha no existe un acuerdo aprobado que permita referir los términos, derechos, obligaciones y contraprestaciones, ni se tiene una fecha estimada para ello”.
• Se requieren 35 semanas para implementar el nuevo modelo: “Como un último motivo que afecta el cronograma, son los tiempos que requiere la Imprensa Nacional Casa da Moeda para dar inicio a la operación que, de acuerdo con información suministrada por esta entidad, podrían alcanzar hasta 35 semanas una vez se firme el Convenio Interadministrativo, lo cual haría inviable iniciar operaciones el 01 de septiembre de 2025”.
• No hay planta nacional habilitada: La infraestructura para producir pasaportes en Colombia aún no está disponible. Las preguntas técnicas sobre capacidad instalada y cronograma fueron transferidas a la Imprenta Nacional, lo que sugiere que el país no cuenta con instalaciones listas para asumir el proceso de producción.
• Sin vigencias futuras aprobadas: No se han constituido los recursos presupuestales necesarios para garantizar el funcionamiento del servicio de expedición más allá del 7 de agosto de 2026.“Estas vigencias futuras constituyen el respaldo presupuestal del Acuerdo de Cooperación Comercial que firme la Imprenta Nacional de Colombia con la Casa de la Moneda de Portugal”.

El regreso de Thomas Greg & Sons: posible urgencia manifiesta

A pesar de que el jefe de despacho de la Cancillería, Alfredo Saade, había descartado públicamente la posibilidad de declarar una urgencia manifiesta con el actual operador, el propio ministerio reconoció en su respuesta que se está preparando un nuevo contrato con Thomas Greg & Sons:

“Tanto el texto del acto administrativo que declara la urgencia manifiesta como los documentos precontractuales del nuevo contrato a suscribirse con Thomas Greg, se vienen desarrollando para garantizar con la continuidad del servicio”, se lee en la respuesta al derecho de petición.

Esta medida busca evitar la interrupción total del servicio, dado que el contrato vigente con Thomas Greg & Sons expira el próximo 31 de agosto. Sin embargo, para la senadora Lozano, esta estrategia evidencia una preocupante improvisación por parte del Gobierno: “Llevo más de un año haciendo seguimiento a este tema. Hoy la Cancillería reconoce que no tiene cómo garantizar la continuidad del servicio“.

Posible vulneración de derechos fundamentales en medio de un panorama incierto

El pasaporte es un documento esencial para millones de colombianos, tanto en el país como en el exterior. La interrupción en su expedición no solo afectaría trámites administrativos, sino derechos fundamentales como el de la movilidad, el reencuentro familiar o el acceso a estudios y empleo en el exterior.

“No estamos hablando de un trámite administrativo. Estamos hablando del documento que permite a los colombianos viajar, estudiar, o reunirse con sus familias. Si el Estado no garantiza su expedición continua, está vulnerando un derecho esencial”, aseguró la senadora Angélica Lozano en referencia a que la ausencia de un acuerdo internacional firmado, la falta de infraestructura nacional habilitada, y la ausencia de recursos presupuestales proyectados, configuran un escenario de incertidumbre y posibles afectaciones masivas a la ciudadanía.

Frente a ello, concluyó con una petición a los órganos de control para investiguen lo sucedido y que, “actúen con urgencia y responsabilidad ante esta situación”.