Gobierno Petro está dejando de recibir más de $14 billones por retrasos en la entrada en vigor de la reforma pensional

“No hay plata”. La advertencia, pronunciada en medio de la incertidumbre sobre el futuro de la reforma pensional, resume el dilema que enfrenta el Gobierno colombiano tras el reciente aplazamiento de la entrada en vigor de la Ley 2381 de 2024 o reforma pensional. Mientras la Corte Constitucional revisa si el trámite legislativo subsanó las irregularidades detectadas, el Ejecutivo queda sin acceso a los recursos que esperaba incorporar este año, lo que agrava la presión sobre las cuentas públicas y pone en vilo la financiación de los compromisos adquiridos con millones de adultos mayores.

El presidente Gustavo Petro anunció que Prosperidad Social asumirá la administración y pago de la renta básica del pilar solidario, un programa que, según la directora encargada, Carolina Hoyos Villamil, beneficiará a unos 3,1 millones de adultos mayores pobres y en condición de vulnerabilidad.

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Así las cosas, el esquema incluirá a personas de comunidades étnicas, campesinas y cuidadoras de personas con discapacidad, y contará con un sistema de seguimiento y evaluación anual para asegurar la efectividad y el uso adecuado de los recursos.

El retraso en la entrada en vigor de la reforma, provocado por la decisión de la Corte Constitucional de devolver el proyecto a la Cámara de Representantes para corregir un error de trámite, impide que el Gobierno cuente con los fondos previstos. Aunque la plenaria de la Cámara aprobó el texto del Senado el 28 de junio de 2025, con 104 votos a favor y diez en contra tras más de diez horas de deliberación, la Corte debe determinar si la irregularidad fue subsanada y, posteriormente, hacer una revisión integral de constitucionalidad. El proceso podría extenderse durante semanas o meses.

Qué establece la reforma pensional

La reforma establece que el sistema público, Colpensiones, comenzaría a recibir cada mes alrededor de $3 billones gracias a los cambios introducidos. Los recursos provendrán de los aportes de quienes coticen hasta por 2,3 salarios mínimos mensuales vigentes ($3.274.000), mientras que los que superen ese umbral deberán destinar el excedente a una de las cinco administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (Accai): Porvenir, Protección, Colfondos, Skandia y Positiva Seguros.

De acuerdo con cálculos del sistema, cerca del 80% de esos recursos mensuales (unos $2,4 billones) se destinarán a financiar mesadas del régimen de prima media (RPM), y el 20% restante irá al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (Fapc), administrado por el Banco de la República.

El Gobierno proyecta recibir en los seis meses restantes de 2024 $14,4 billones, que podrían utilizarse para pagar mesadas del RPM o para cubrir los subsidios del pilar solidario dirigidos a mujeres mayores de 60 años de edad y hombres mayores de 65 de edad en situación de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad.

No obstante, esos recursos aún no existen y el Ejecutivo deberá incorporarlos al presupuesto si pretende cumplir con la ayuda prometida a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Al respecto, varios medios, entre ellos El Tiempo, consultaron a Colpensiones sobre la cifra que comenzarán a recibir una vez entre en vigor la reforma y sobre el valor mensual de las mesadas que paga la entidad, pero no obtuvieron respuesta.

A quiénes afecta la escasez de recursos

La escasez de recursos afecta tanto a Colpensiones como al Gobierno, lo que encendió las alarmas en diversas entidades sobre el manejo de los fondos pensionales de más de 26 millones de colombianos que ahorran para su jubilación. El propio Gobierno reconoció que este año el déficit fiscal alcanzará un 7,1% del Producto Interno Bruto (PIB), 2 puntos porcentuales (pp) por encima de lo previsto en el Plan Financiero (5,1%), debido a menores ingresos y un gasto total que llegaría a $438,9 billones.

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) y la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos) insisten en la necesidad de revisar y ajustar el Decreto Único Reglamentario (DUR), en especial, en lo relativo a la posibilidad de financiar el pilar semicontributivo con recursos del Fapc.

Ambas entidades sostienen que los fondos del Fapc “deben considerarse intocables o resguardarse como el mayor tesoro de la Nación” para garantizar la sostenibilidad del sistema y evitar la generación de pasivos pensionales que agraven los problemas fiscales.

Claridad en el mecanismo de desacumulación del Fapc

Anif advierte que es fundamental que se reglamente con claridad el mecanismo de desacumulación del Fapc. De acuerdo con esta, “la actual ambigüedad en torno a su funcionamiento genera incertidumbre sobre su papel como instrumento de ahorro público y su contribución a la sostenibilidad del sistema. Por ello, la definición de reglas transparentes y fiscalmente responsables será clave para evitar un uso discrecional de estos recursos”.

Las preocupaciones también alcanzan al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, administrado por los fondos privados. Con cerca de $48 billones de pesos, existe el temor de que estos recursos terminen financiando el pago de mesadas de Colpensiones a través del Fapc, lo que, según Anif, “resultaría muy inconveniente habilitar esta opción” porque resolvería un problema en el RPM mientras crearía otro en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais).