Diez años después de la promulgación de la Ley 1761 de 2015, conocida como la Ley Rosa Elvira Cely, Colombia enfrenta una paradoja dolorosa, mientras la legislación reconoció el feminicidio como un delito autónomo y estableció herramientas para su investigación y sanción, los crímenes contra mujeres por razones de género no solo persisten, sino que van en aumento.
Los números más recientes lo confirman. Según el Observatorio de Feminicidios en Colombia, entre el 1 de enero y el 4 de junio de 2025 se registraron 342 feminicidios, lo que representa un aumento del 6,5% respecto al mismo periodo del año anterior. La cifra implica que, en lo corrido del año, el país presenció más feminicidios que días, con un promedio superior a un caso por jornada.
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La fuente oficial del Observatorio se consolidó como la principal herramienta para organizaciones de derechos humanos, debido a que recoge datos de prensa, reportes ciudadanos y contrastes con instituciones judiciales. En contraste, los registros estatales siguen sin unificar criterios.
Tres regiones concentran la mayor cantidad de casos, Antioquia con 49, Bogotá con 42 y Valle del Cauca con 28. No obstante, el conteo absoluto es apenas un indicador parcial. Al observar la tasa por cada 100.000 habitantes, el panorama puede variar.
Antioquia, por ejemplo, reporta 0,65 presuntos feminicidios por cada 100.000 personas, una tasa que lo ubica en el puesto 19 entre los departamentos con mayor riesgo, según su densidad poblacional. Esto, de acuerdo con datos de la Policía Nacional y análisis de las secretarías regionales de la mujer.
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La impunidad sigue siendo el talón de Aquiles en la lucha contra este crimen. Datos de la Fiscalía General de la Nación, disponibles en la plataforma de Datos Abiertos, revelan que entre 2015 y junio de 2025, el 67% de las investigaciones por feminicidio permanecen sin sentencia firme. Apenas el 33% de los casos llegó a la etapa de ejecución de penas.
El panorama es incluso más crítico si se observan únicamente los registros de 2025. De las 234 noticias criminales iniciadas por feminicidio este año, 134 están en indagación preliminar, 47 en investigación formal, 44 en juicio y solo 4 han alcanzado la ejecución de la pena. Es decir, un 98% permanece en el limbo judicial.
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El bajo número de sentencias contrasta con la gravedad del fenómeno. La Ley 1761 pretendía garantizar celeridad y especialización en los procesos, pero los datos muestran que, en la práctica, la aplicación fue irregular y dependiente de cada territorio.
Otra dificultad constante es la diferencia entre las estadísticas institucionales. Mientras el Observatorio de Feminicidios cifra en 342 los casos en lo corrido de 2025, la Fiscalía ha registrado 234 y la Policía Nacional reporta 416 homicidios de mujeres, sin especificar cuántos califican como feminicidio.
Esta falta de tipificación impide conocer con precisión la dimensión del problema. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, de los 342 asesinatos de mujeres reportados hasta abril, solo 39 fueron clasificados como feminicidios. En más de 200 casos, las circunstancias permanecen sin esclarecerse o sin categorizarse adecuadamente.
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Además, según este mismo instituto, se identificaron 13 asesinatos en contexto de violencia de pareja, 6 como parte de violencia intrafamiliar y 2 asociados a violencia sexual. Todos estos son indicadores que podrían sustentar una investigación por feminicidio, pero que muchas veces no son reconocidos como tal.
Expertas y organizaciones coinciden en que el subregistro y la falta de formación en las entidades encargadas de investigar son factores clave en la baja judicialización. Aunque la Ley Rosa Elvira Cely ofreció herramientas claras, la correcta identificación de los móviles y patrones de género sigue siendo un desafío pendiente.
Si bien se hicieron esfuerzos de capacitación y sensibilización, su aplicación práctica es limitada. Las zonas rurales y algunas regiones urbanas continúan sin contar con equipos especializados que puedan identificar con rapidez los elementos que configuran un feminicidio.
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Colombia cierra la primera mitad de 2025 con un dato que golpea, hay más feminicidios que días en el calendario. Y detrás de cada número hay un rostro, una vida truncada, una familia afectada y un Estado que, a pesar de contar con una ley pionera en la región, sigue sin lograr que la justicia llegue a tiempo.
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