Alcaldía de Cali está revisando informe de la Contraloría Distrital por irregularidades en contratación durante la COP16

La Alcaldía de Cali salió al paso luego de que la Contraloría Distrital publicara un informe con presuntos hallazgos fiscales, disciplinarios y penales en el manejo de los recursos asignados a la Cumbre de Biodiversidad COP16, celebrada en la ciudad durante 2024.

El documento, socializado por la concejal Ana Erazo, señala presuntas anomalías que involucran varias dependencias de la Administración Distrital y una posible afectación al patrimonio público por más de 462 millones de pesos.

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El reporte del organismo de control, presentado este 2025, contiene 16 hallazgos administrativos, once hallazgos con alcance disciplinario, un hallazgo con posible implicación penal y cuatro hallazgos de impacto fiscal.

Erazo, voz crítica dentro del cabildo, cuestionó en su cuenta de X el destino de estos recursos: “Graves faltas, recursos embolatados y otra promesa ambiental que terminó en puro humo. Solo cámaras y tarimas”, sentenció la cabildante.

Las entidades señaladas en el informe incluyen la Secretaría de Gestión del Riesgo, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Económico y el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma).

Entre las presuntas irregularidades documentadas aparecen contratos sin relación directa con el evento, dotaciones que habrían sido adquiridas y no entregadas, y estudios contratados que no cumplían los requisitos mínimos.

El informe cita, además, la autorización de pagos sin exigir los certificados de seguridad social de los contratistas y exoneraciones tributarias otorgadas sin justificación.

A través de un comunicado, la Alcaldía señaló que los organismos implicados están analizando el informe “con el mayor respeto institucional y dentro del marco legal correspondiente”.

Se enfatizó, además, que cada dependencia mencionada estudia en detalle los hallazgos y prepara su defensa ante las autoridades competentes.

La concejal Erazo expuso parte del resultado del ejercicio auditor, señalando especialmente la situación del Dagma, que según el informe operó como una “máquina de contratación sin norte, sin objetivos claros y sin mecanismos mínimos de verificación o control”.

Uno de los casos es la contratación de un profesional por 46 millones de pesos, sin que, según la concejal, existan evidencias concluyentes del cumplimiento de sus funciones. Otros dos profesionales habrían recibido honorarios por un total de 97 millones de pesos en circunstancias similares.

Mauricio Mira, director del Dagma, defendió la gestión contractual realizada durante la COP16. “En el Dagma se realizó una gestión de vigilancia y control de la ejecución de los contratos de prestación de servicios que coadyuvaron a la celebración de la COP16. Cada uno de los expedientes contractuales contiene todos los informes de las actividades detalladas y las evidencias correspondientes”, declaró Mira ante los medios.

Así mismo, sostuvo que para la contratación de profesionales se verificó la idoneidad y experiencia en temas ambientales y el dominio de un segundo idioma, como requerían las condiciones de la cumbre internacional.

En relación con el proceso de selección de los perfiles, Mira agregó que los contratistas debieron cumplir con todos los requisitos jurídicos vigentes. “La realización de un evento internacional en Cali implicaba que los perfiles técnicos estuvieran debidamente certificados y que los procesos contractuales fueran avalados conforme lo establece la ley”, aclaró el funcionario.

El informe de la Contraloría también puso en evidencia la actuación de la exsecretaria de Desarrollo Económico, que habría adjudicado un contrato por 600 millones de pesos para un estudio sobre el impacto de la COP16 sin cumplir los requisitos normativos, como la existencia de certificados contractuales.

“El estudio debía incluir una caracterización del perfil de turistas y visitantes, pero no se entregaron los soportes que acreditaran ese trabajo. Básicamente, no hicieron la tarea: contrataron un estudio que no fue supervisado y que, al parecer, se pagó sin los debidos soportes”, sostuvo la concejal Erazo.

Algo similar habría ocurrido en la Secretaría de Gestión del Riesgo, que figura en el informe por la contratación de un proyecto para difundir información sobre riesgos asociados a la COP16, por un valor de 46 millones de pesos. En este caso, la Contraloría no encontró soporte sobre la efectiva realización de las actividades contratadas.

Por su parte, la auditoría determinó una presunta irregularidad en la adquisición de uniformes y dotación para personal administrativo por un monto de 69 millones de pesos. El ente de control señaló que parte de esa dotación no fue entregada, lo que podría constituir una afectación directa a los recursos públicos.

Uno de los aspectos destacados por la concejal Erazo es la exoneración expresa de impuestos, tasas y contribuciones, incluidas estampillas, para los contratos y convenios suscritos a partir del 17 de septiembre de 2024 y hasta un mes posterior a esa fecha.

Esta decisión fue aprobada por el Concejo de Cali, pero, según la Contraloría, en más de 100 contratos suscritos después de esa fecha y con un valor superior a los 17 mil millones de pesos, el Distrito recaudó pagos que no correspondían.

“La Contraloría de Cali reveló que el alcalde desconoció completamente este acto administrativo, haciendo que el Distrito recaudara y exigiera pagos que no correspondían ni debían existir según el marco legal aprobado”, puntualizó Erazo.

Ante las afirmaciones de la concejal y el informe del organismo de control, la Administración Distrital reiteró que la respuesta oficial a los hallazgos se presentará ante las autoridades respectivas y que el análisis del informe está en curso.

Cada dependencia dará a conocer posteriormente sus argumentos y las evidencias que consideren relevantes para aclarar los cuestionamientos sobre el uso de los recursos destinados a la COP16.