La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes suspendió nuevamente el proceso que adelanta en contra del presidente Gustavo Petro, esta vez a raíz de una recusación presentada contra su secretario, Jairo Fabián Corzo Ordóñez.
La medida afecta directamente la denuncia por presunta falsedad ideológica en documento público, originada en las cartas firmadas por el entonces canciller Álvaro Leyva sobre los pasaportes, así como otra queja relacionada con el supuesto consumo y adicción a drogas del jefe de Estado.
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El recurso fue interpuesto por el exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela, que no solo fue el denunciante en ambos casos contra Petro, sino quien ahora argumenta que Corzo debe apartarse de las funciones relacionadas con estas investigaciones por una supuesta falta de imparcialidad.
En la comunicación formal dirigida al presidente de la Comisión, Leonardo Gallego, Ruiz expone que Corzo estaría incurso en una de las causales de recusación establecidas en el artículo 141 del Código General del Proceso: tener una relación personal cercana con el investigado que pueda afectar su objetividad.
“Se encuentra que exista una relación personal cercana con el investigado que pueda afectar la objetividad del funcionario, y de esta manera favorecer para el caso que nos ocupa, indirectamente al presidente de la República”, dice el documento fechado el 1 de julio de 2025 y remitido a la Cámara de Representantes y revelado por Caracol Radio.
El denunciante también plantea que Corzo, desde su rol como secretario, ha influido en la designación de congresistas afines al Gobierno para actuar como investigadores en los procesos contra el mandatario. Según Ruiz, esto compromete la transparencia del trámite en curso.
Asignaciones cuestionadas y vínculos con el gobierno
Uno de los principales reparos que expone el exministro Ruiz tiene que ver con las decisiones de Corzo sobre la designación de congresistas como investigadores en las quejas. Se refiere particularmente al caso del 28 de abril de 2025, cuando presentó una queja contra el presidente Petro por supuesto consumo de drogas.
Ruiz señala que Corzo nombró como investigadores a parlamentarios “tales como Olga Lucía Velásquez Nieto del partido Alianza Verde, muy cercana al gobierno y otros representantes de la misma corriente y afines al jefe de Estado, respecto de los cuales es claro que existe un estrecho vínculo con el investigado”. Esta situación, dice, afecta la imparcialidad del proceso, aunque reconoce que posteriormente el presidente de la Comisión ordenó algunos cambios en los encargados de la investigación.
Por lo anterior, el exministro solicitó que el secretario Corzo sea apartado de “los trámites propios de la secretaría de la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes” en relación con la queja disciplinaria del 28 de abril y la denuncia penal del 16 de junio por presunta falsedad ideológica en documento público.
Las implicaciones de la suspensión y escenarios futuros
Al quedar en suspenso la actuación administrativa de Corzo, también se detiene momentáneamente el avance de esta línea de investigación, que ha sido considerada por algunos sectores políticos como una de las más sensibles por su potencial impacto legal y político.
Ahora la Comisión deberá resolver si acepta o no la recusación. En caso de encontrarla procedente, deberá designarse un nuevo funcionario para asumir las funciones de secretaría en relación con estos procesos. Mientras tanto, las investigaciones permanecerán congeladas.
La defensa del presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado sobre esta recusación, y tampoco lo ha hecho la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que por ahora debe revisar la validez del recurso para determinar los siguientes pasos.
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