
José Antonio Salazar, exsecretario general de la Cancillería en el Gobierno de Gustavo Petro, atribuyó la crisis actual en la expedición de pasaportes a una decisión personal del mandatario.
Para el exfuncionario, vetar a la empresa Thomas Greg & Sons sería un error, debido a que esta era, según Salazar, la única habilitada para prestar el servicio.
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En entrevista concedida a Blu Radio, Salazar afirmó: “Todo esto ocurre por la obstinación del señor presidente de desconocer la capacidad técnica de una empresa que ha cumplido con el contrato durante muchos años”.

Asimismo, el exfuncionario explicó que en febrero de 2024 había dejado lista la contratación con Thomas Greg & Sons, pero sus decisiones fueron revocadas por el entonces canciller Álvaro Leyva, lo que derivó en su salida del cargo.
Para el exfuncionario, de haberse mantenido ese proceso, la expedición de pasaportes estaría “completamente normalizada, porque la firma habilitada estaría ejecutando un contrato por el término de tres años; entonces, lo que estaría ocurriendo en este momento, es estar preparando una nueva licitación para un nuevo proceso”.
Según su visión, el problema tiene un origen político y no técnico, agravado, según explicó, por el desconocimiento de la normativa vigente. “El pasaporte no es una libreta cualquiera, requiere estándares internacionales. Y la impresión es solo una parte del proceso”, puntualizó.

Salazar también puso en duda la viabilidad de imprimir los pasaportes en Portugal, como propone el Gobierno nacional. Recordó que las autoridades portuguesas han señalado que necesitan al menos ocho meses para asumir la producción.
Sobre el riesgo de perder la exención de visa en la Unión Europea ante posibles fallas en la calidad de los pasaportes, consideró que esa posibilidad es lejana, aunque advirtió que el tiempo disponible para una transición adecuada es limitado. “Todo esto es resultado de un capricho presidencial que ha ignorado criterios técnicos y legales”, sostuvo.
Las declaraciones de Salazar llegan en medio de intensas discusiones tras el anuncio del jefe de despacho del presidente, Alfredo Saade, al informar que el Gobierno está a punto de firmar un contrato con la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional, en reemplazo de la actual Unión Temporal liderada por Thomas Greg & Sons.
Diversos sectores advirtieron sobre los riesgos y complicaciones asociados al cambio de proveedor.
De hecho, en un documento interno revelado por Caracol Radio, presentado por el Ministerio de Relaciones Exteriores a la Procuraduría General, informa que el proceso requeriría al menos 35 semanas para la capacitación del personal y el empalme tecnológico.

Este plazo, equivalente a poco más de ocho meses, pondría en aprietos los tiempos previstos para el inicio de la nueva producción de pasaportes. La Cancillería advirtió también a la Procuraduría que la Imprenta Nacional no cuenta con la capacidad técnica ni humana necesaria para asumir la fabricación de estos documentos.
El Ministerio público planteó dudas sobre la conveniencia de trasladar a una entidad pública la fabricación de pasaportes, función que tradicionalmente han ejercido empresas privadas.
No obstante, Alfredo Saade aseguró que recibió la instrucción presidencial de avanzar en la alianza entre la Imprenta Nacional y Portugal. “Si el país se queda sin libretas de pasaportes, sería culpa de la Unión Temporal y no del Gobierno”, puntualizó.
La renuncia de Laura Sarabia
La controversia por la nueva contratación también habría sido determinante en la decisión de Laura Sarabia, ministra de Relaciones Exteriores, de presentar su renuncia.
En una carta dirigida al presidente Petro el jueves 3 de julio de 2025, Sarabia expresó su gratitud y compromiso por los años de trabajo conjunto, refiriéndose al presidente como una figura central en su vida pública.
Sarabia justificó su salida en la necesidad de coherencia personal y respeto institucional, dejando entrever que sería por las recientes decisiones sobre los pasaportes contradicen sus principios. “En los últimos días, se han tomado decisiones que no comparto y que, por coherencia personal y respeto institucional, no puedo acompañar”, señaló en su misiva, sin hacer alusión directa a ninguna determinación específica.
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