
La recaptura de Jesús Alberto Peña Villegas, alias Sombra, uno de los jefes de sicarios más temidos del Caribe colombiano, volvió a poner en evidencia la crisis de legitimidad que atraviesa la Policía Metropolitana de Santa Marta.
El operativo que permitió su detención, realizado en la Troncal del Caribe mientras se movilizaba en un vehículo, fue confirmado por la propia institución policial, que destacó que la operación fue el resultado de un trabajo articulado iniciado en marzo del 2025.
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Peña Villegas es señalado de ser el principal ejecutor de asesinatos, masacres, extorsiones y secuestros bajo las órdenes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn), también conocidas como Los Pachenca.
Su historial criminal supera los 15 años, y se le atribuyen por lo menos 35 homicidios, aunque fuentes de inteligencia militar estiman que el número real podría superar los cincuenta muertos.
El comandante de la Policía Metropolitana, coronel Jaime Ríos, explicó que la captura de alias Sombra representa un golpe estratégico para las Acsn, y reconoció que su nombre genera temor incluso dentro de las filas de las organizaciones ilegales.
“Es un individuo frío, calculador y con una alta capacidad de liderazgo criminal”, aseguró.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el temido sicario cae en manos de las autoridades. En marzo de 2025, Peña Villegas ya había sido capturado en la Sierra Nevada junto a otras nueve personas en un operativo liderado por el Ejército.
Pero la expectativa de justicia se desvaneció rápidamente: al día siguiente, fue trasladado a la sede de la Policía Metropolitana y liberado sin justificación, pese a tener una orden de captura vigente por concierto para delinquir, tráfico de armas y homicidio agravado.
Según un funcionario judicial que pidió la reserva de su identidad, “esa madrugada hubo movimientos extraños. Nadie supo explicar por qué ese capturado no pasó por la Fiscalía. Todo fue muy reservado”.
La denuncia motivó una investigación interna que concluyó que la liberación irregular fue facilitada por el mayor Diego Sepúlveda, entonces comandante de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), y el capitán James Medina Vega, su subcomandante.

Ambos oficiales fueron capturados el 8 de junio por la Fiscalía General de la Nación y enfrentan cargos por prevaricato por acción y omisión. La detención de los dos uniformados agravó el escándalo que rodea a la Policía de Santa Marta, señalada por permitir que un criminal de alto perfil quedara en libertad sin ser judicializado.
En este contexto, la defensora de derechos humanos Norma Vera criticó con dureza la situación y apuntó a problemas estructurales en la institución.
“Desde su nacimiento, esta estructura ha tenido problemas estructurales. Nunca se depuró ni se garantizó que los oficiales al mando respondieran a un perfil ético y profesional. Hoy vemos las consecuencias”, afirmó en un mensaje difundido por redes sociales.
Vera sostiene que la Policía Metropolitana de Santa Marta, creada el 4 de agosto de 2012, ha sido un espacio donde la impunidad, el abuso de poder y la corrupción han minado la confianza ciudadana.
El historial de alias Sombra lo ubica como un actor central del conflicto armado en la región Caribe. Su carrera delictiva comenzó con Los Urabeños, donde era conocido como “el Zorrillo” y realizaba homicidios selectivos en zonas rurales del Magdalena.
Su eficacia en estos crímenes lo llevó a escalar posiciones, hasta convertirse en uno de los brazos armados más temidos del grupo.

Fue capturado en 2013 en un operativo conjunto entre la Policía y el Ejército, señalado de múltiples asesinatos en al menos cuatro municipios del departamento.
Sin embargo, quedó en libertad por vencimientos de términos, una omisión que jamás fue corregida. Tras su liberación, se integró a Los Pachenca, hoy Acsn, donde asumió el mando del componente urbano, coordinando atentados y asesinatos estratégicos.
Para los habitantes del Magdalena, la figura de alias Sombra no solo representa el terror de un sicario implacable, sino también la evidencia de una fuerza pública desbordada por la corrupción y la falta de controles internos.
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