El Tribunal Superior de Justicia de Canarias informó que dos ciudadanos colombianos permanecerán en prisión provisional, comunicada y sin fianza tras ser señalados como presuntos responsables del asesinato de un hombre en Telde, en la isla de Gran Canaria.
La decisión judicial se dio a conocer el martes 1 de julio, se produce en el contexto de una investigación que apunta a un posible crimen de encargo vinculado a disputas entre grupos dedicados al narcotráfico.
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La víctima, Jonathan Josué Delgado Bordón, de 38 años, falleció el jueves 26 de junio de 2025 tras recibir cinco disparos en el abdomen. El ataque fue perpetrado por un individuo que, según fuentes policiales citadas por EFE, huyó del lugar en un ciclomotor.
Las autoridades sospechan que los dos detenidos fueron contratados para ejecutar el homicidio como parte de una venganza entre organizaciones criminales.
Además del cargo de asesinato, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias atribuye a los arrestados delitos de tenencia ilícita de armas y falsedad documental.
La investigación policial continúa para esclarecer la totalidad de los hechos y determinar la posible implicación de otros actores en el crimen.
Asesino en serie colombiano es acusado de cinco crímenes contra miembros de la población Lgbt
Un ciudadano colombiano, identificado por sus siglas como N.D.M.B., enfrenta en Bilbao una acusación de homicidio por la muerte de un hombre en 2021 y una posible condena de hasta 39 años de cárcel.
El caso ha generado gran interés público debido a las sospechas de su implicación en al menos cinco asesinatos de hombres homosexuales, a quienes habría contactado a través de aplicaciones de citas.
El acusado ya purga una condena de 10 años por intento de homicidio y otros dos años y tres meses por estafa continuada, tras vaciar las cuentas bancarias de otra víctima.
En el juicio que se llevó a cabo el lunes 19 de mayo de 2025 la Fiscalía ha solicitado 16 años de prisión por homicidio.
En tanto que la acusación particular y popular, representada por la Asociación de Gais, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, pide 39 años de cárcel, calificando los hechos como asesinato con agravante de discriminación por orientación sexual.
Durante el juicio, la defensa sostuvo que los hechos solo constituirían un delito de estafa y negó la responsabilidad del acusado en la muerte de la víctima, alegando falta de pruebas directas.
Por su parte, la acusación particular afirmó que las evidencias presentadas demuestran la implicación del acusado y que el ataque estuvo motivado por prejuicios hacia la orientación sexual de la víctima.
El veredicto del jurado determinará el futuro judicial del acusado, quien ya cumple otras penas privativas de libertad.
El caso ha reabierto el debate sobre la vulnerabilidad de la población Lgbt y los crímenes de odio en España, así como los riesgos que enfrentan los usuarios de aplicaciones de citas.
Las investigaciones sobre su posible vinculación con otros asesinatos continúan abiertas.
Otro colombiano fue detenido por asesinar a su hijo de 3 años y su esposa, una ciudadana venezolana
La Guardia Civil española arrestó a Leonardo David Arenas R., ciudadano colombiano de 34 años, señalado como presunto autor del asesinato de su pareja, una mujer venezolana de 43 años, y del hijo de ambos, un niño de tres años, en Algemesí, provincia de Valencia.
El doble homicidio se reportó durante la madrugada del miércoles 25 de junio de 2025.
Según los reportes oficiales, la intervención de las autoridades ocurrió luego de una llamada de emergencia realizada por la abuela del menor, que alertó sobre una discusión y agresión en el domicilio familiar.
Los servicios de emergencia solo pudieron confirmar la muerte de la mujer, que presentaba heridas de arma blanca, y del menor, que falleció por asfixia. Ambos cuerpos fueron encontrados en la vivienda alrededor de las 6:00 a. m., indicaron medios locales.
Durante la presencia policial en el lugar, el propio agresor realizó otra llamada para confesar el crimen.
El colombiano fue detenido de inmediato y puesto a disposición judicial. La Policía Judicial de Valencia asumió la investigación para esclarecer todos los detalles del caso.
Las autoridades confirmaron que no existían denuncias previas ni la víctima estaba registrada como beneficiaria de protección oficial contra la violencia de género.
El Ayuntamiento de Algemesí decretó luto oficial y convocó un minuto de silencio, además de activar protocolos de apoyo social y psicológico para la familia afectada.
El suceso generó una fuerte reacción social y política, reavivando el debate sobre la violencia de género y la atención a casos de convivencia marcados por dependencia económica y miedo a denunciar.
Familiares señalaron que la víctima sufría maltratos constantes y había descartado denunciar por temor a una posible expulsión de su pareja por situación migratoria irregular.
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