Una queja presentada por el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, actualmente hospitalizado en la Fundación Santa Fe tras un grave atentado sufrido el 7 de junio de 2025 en Bogotá, desencadenó una indagación previa de la Procuraduría General de la Nación contra funcionarios vinculados a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) por la presunta difusión de información engañosa sobre la compra de más de 220.000 hectáreas de tierras durante el actual gobierno.
La denuncia formal de congresista llegó al Ministerio Público en un contexto de alta tensión política y personal. El senador, que permanece en estado crítico, alertó sobre la posible manipulación de cifras oficiales relacionadas con la adquisición de terrenos por parte del Gobierno nacional, encabezado por el presidente de la República, Gustavo Petro desde el 7 de agosto de 2022. Según la Procuraduría General de la Nación, la investigación busca determinar la identidad de los funcionarios que habrían suministrado datos falsos o inconsistentes a los medios de comunicación y a la opinión pública.
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En el documento oficial emitido por el ente de control se detalla que la indagación tiene como objetivo “identificar e individualizar a los presuntos responsables de suministrar la información respecto de la cantidad de tierras compradas por el Gobierno nacional y que, según la queja, no guarda relación alguna con la realidad”. Esta declaración subraya la gravedad de las acusaciones y la necesidad de esclarecer si existió una intención deliberada de engañar sobre el avance de la reforma agraria, uno de los ejes centrales del actual mandato.
El origen de la controversia se remonta a finales de diciembre del 2024, cuando Miguel Uribe Turbay y el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, protagonizaron un enfrentamiento público. El senador denunció que la ANT había informado al país la compra de 220.000 hectáreas de tierras, cifra que, según sus investigaciones, no correspondía a la realidad. Uribe Turbay aseguró que el Gobierno solo había adquirido un 24 % de lo anunciado, lo que equivaldría a aproximadamente 52.800 hectáreas. Esta discrepancia generó un intenso debate sobre la transparencia y veracidad de los datos oficiales.
Cabe recordar que en 2024 el director de la ANT expresó su sorpresa ante las afirmaciones del congresista y cuestionó su interpretación de los datos. Harman argumentó que el senador había omitido información relevante, como las hectáreas comprometidas en procesos de saneamiento, aquellas donadas por el Gobierno y las obtenidas a través de extinción de dominio. Según el director, estos factores debían considerarse en el balance total de tierras gestionadas por la entidad, lo que explicaría la diferencia entre las cifras presentadas por la ANT y las señaladas por Uribe Turbay.
El informe oficial presentado por el senador ante la Procuraduría advirtió sobre la existencia de posibles inconsistencias en la información divulgada por la Agencia Nacional de Tierras. El documento señaló que los datos entregados por la entidad sobre el monto de tierras compradas desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro podrían no reflejar la realidad de las operaciones realizadas. Esta situación puso en entredicho la credibilidad de los informes oficiales y motivó la intervención del ente de control.
A pesar de la respuesta del director de la ANT, la Procuraduría, en su auto de apertura de la indagación, enfatizó que se centrará en determinar si existió una manipulación intencionada de las cifras y quiénes serían los responsables de dicha conducta. El organismo de control subrayó que la finalidad de la indagación previa es “establecer quiénes serían los presuntos responsables de informaciones engañosas que se habrían originado desde la Agencia Nacional de Tierras (ANT)”. Esta fase inicial permitirá recolectar pruebas y testimonios que ayuden a esclarecer los hechos y, en caso de encontrar méritos, avanzar hacia una investigación formal.
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