Juicio a Álvaro Uribe: Fiscalía defendió pruebas contra el expresidente y reafirmó su solicitud de que sea condenado

El 25 de junio de 2025 se reanudó el juicio oral contra el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno a testigos, fraude procesal y soborno en actuación penal.

La diligencia avanzó con el despliegue de una estrategia de la Fiscalía General de la Nación basada en la presentación de testimonios, pruebas documentales e interceptaciones telefónicas. El objetivo consistió en sustentar que Álvaro Uribe Vélez habría orquestado un plan para manipular testigos y alterar el curso de procesos judiciales en su contra.

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Entre los elementos más relevantes, el ente investigador destacó la participación del abogado Diego Cadena, a quien, según la versión oficial, el expresidente habría encargado contactar a un grupo de exparamilitares recluidos en diferentes centros penitenciarios del país.

Así mismo, recopilaron los testimonios de varias personas, citando el de la abogada Ángela López, que dijo que recibió información de alias Cesarín sobre tres presos en Cómbita que querían declarar sobre que Iván Cepeda habría ofrecido beneficios a exparamilitares para declarar contra Uribe Vélez.

El órgano de control recordó una reunión en Bogotá a la que asistieron Fabián Rojas, Diego Cadena, Ángela López, y el Coronel en retiro Germán Ricaurte para presuntamente hablar sobre el caso. Además, recordó que todos los implicados tienen versiones contradictorias, lo que para la fiscalía es prueba de opacidad sobre lo que se habló en esa reunión.

La Fiscalía trajo a colación la carta de Giovanny Cadavid, alias Cadavid, en la que reconoció que no la redactó y admitió que no sabía a dónde iba dirigida. De igual manera, determinó que la respuesta de exparamilitar sobre su presunta relación con Cadena genera dudas, puesto que negó saber quién era el abogado, para luego aceptar que lo conocía y que sostuvo conversaciones con él.

Así las cosas, la hipótesis central del ente acusador sostiene que el propósito de estos contactos era lograr que los exparamilitares se retractaran de los señalamientos que habían hecho contra Uribe Vélez en distintos escenarios judiciales. Para alcanzar este objetivo, se habrían ofrecido dádivas y otros beneficios a cambio de que los testigos firmaran declaraciones favorables para el exmandatario. Uribe Vélez rechazó de manera categórica esta teoría y mantiene su defensa de inocencia ante las acusaciones.

Uno de los puntos más controvertidos del proceso ha sido la credibilidad de los testigos presentados por la Fiscalía, en particular, la figura de Juan Guillermo Monsalve, considerado el testigo estrella del caso. A pesar de los cuestionamientos de la defensa y las dudas sobre la veracidad de sus versiones, el ente investigador insistió en la validez de su testimonio. La Fiscalía solicitó expresamente considerar las declaraciones de Monsalve en la decisión final del juzgado, subrayando que las amenazas contra su vida demuestran la importancia de su aporte para la construcción del caso.

Durante la exposición de sus alegatos, la Fiscalía también enfrentó críticas relacionadas con la supuesta manipulación de pruebas y la posible ilegalidad de algunos de los elementos presentados. La defensa de Uribe Vélez sostuvo que ciertos materiales probatorios no cumplen con los requisitos legales y que su inclusión podría viciar el proceso.

Ante estas objeciones, el ente investigador defendió la integridad de su actuación. En palabras dirigidas al juzgado, la Fiscalía reiteró su intención de que el líder político del Centro Democrático sea condenado.

“Las pruebas ingresadas por la Fiscalía cumplieron ese rito de legalidad y, con base en ellas y el estudio que le corresponde a usted, la Fiscalía considera que ha cumplido el deber de probar y, por ello, debe emitirse un sentido de fallo condenatorio”.