La Procuraduría General de la Nación, en un fallo de primera instancia, ordenó la destitución e inhabilidad general por 20 años del entonces capitán y jefe del grupo de Bienes Raíces de la Policía Metropolitana de Pereira (Meper), Omar Julián Araque Amézquita.
La sanción responde a un grave episodio de indisciplina y falta de probidad cometido mientras el oficial se encontraba en ejercicio de sus funciones.
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Según informó la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Risaralda, Araque Amézquita, en su calidad de oficial activo y uniformado con prendas de la institución, ingresó a un supermercado de la ciudad donde hurtó productos cuyo valor superó los $450.000. Los artículos fueron ocultados en los bolsillos de su pantalón y camisa, lo que evidencia una acción deliberada y premeditada.
La conducta fue considerada como una violación directa al principio de moralidad, uno de los pilares que rige la función pública y el actuar de los servidores del Estado. La Procuraduría estableció que Araque actuó con dolo, es decir, con plena conciencia e intención de cometer la falta.
El fallo también abordó un segundo cargo disciplinario contra el capitán, relacionado con su inasistencia injustificada al sitio que tenía asignado para la prestación del servicio. De acuerdo con el expediente, esta conducta se repitió en al menos cuatro ocasiones entre mayo y junio de 2024, lo que agrava aún más la evaluación sobre el cumplimiento de sus deberes institucionales.
“La Procuraduría sostuvo que con las conductas en que incurrió Araque Amézquita vulneró el principio de moralidad y se alejó del cabal cumplimiento de sus funciones, por lo que calificó en ambos casos las faltas disciplinarias en que incurrió como gravísimas cometidas a título de dolo”, señaló el Ministerio Público.
El oficial aún puede presentar recurso de apelación ante la Procuraduría Delegada de Juzgamiento, instancia que podría confirmar, modificar o revocar la sanción impuesta.
Otro caso reciente por uso excesivo de la fuerza
Este nuevo escándalo se suma a otro hecho reciente que también involucró a un miembro de la Policía Nacional. En marzo de 2025, la Procuraduría General de la Nación emitió un fallo de primera instancia en el que sancionó con destitución e inhabilidad por 17 años al patrullero Gabriel Edgar Sánchez Pisco.
El uniformado fue hallado responsable del uso excesivo de la fuerza durante un operativo ocurrido en Armenia (Quindío) en 2020. La actuación del patrullero, según los hallazgos del ente disciplinario, se produjo la madrugada del 23 de noviembre de ese año, cuando atendía un requerimiento ciudadano por el alto volumen de la música en una vivienda.
De acuerdo con el informe disciplinario, una vez en el lugar, los uniformados encontraron a varias personas reunidas y escuchando música a alto volumen. Durante la intervención, uno de los policías decomisó el parlante; sin embargo, ante la insistencia de un joven para que le fuera devuelto el aparato, Sánchez Pisco le propinó un golpe con su arma de dotación en el rostro.
“La Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Pereira resaltó que el uniformado atendió un requerimiento en la madrugada del 23 de noviembre de 2020 en la ciudad de Armenia, durante el cual propinó un golpe en el rostro a una persona ante la insistencia para que le fuera devuelto un parlante con el cual un grupo de personas se encontraba escuchando música”, detalló la entidad.
El Ministerio Público argumentó que el servidor público contravino el ordenamiento jurídico colombiano, vulnerando los principios de legalidad, proporcionalidad e integridad que deben regir el actuar de los miembros de la Fuerza Pública.
“La Entidad adujo que con su comportamiento el disciplinado incurrió en una falta disciplinaria, que calificó de forma definitiva como gravísima cometida a título de dolo. Contra dicha decisión procede el recurso de apelación en el efecto suspensivo ante la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Risaralda”, concluyó la Procuraduría en el comunicado oficial.
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