El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, alertó por medio de su cuenta de X en la madrugada del miércoles 25 de junio de 2025, que se recibió información sobre posibles conspiraciones por parte de la población civil de la región de El Plateado en contra de la fuerza pública.
El jefe de cartera así inició la comunicación: “Se ha tenido conocimiento de una posible concentración forzada de personas en el cañón del Micay, Cauca, promovida por integrantes de la estructura armada residual Carlos Patiño.
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Según información preliminar, esta acción tendría como propósito la ejecución de actos violentos contra miembros de la fuerza pública, incluyendo eventuales secuestros, con el objetivo de exigir su retiro del territorio”.
Sánchez afirmó que este tipo de acciones violentas lideradas por disidencias de las Farc acarrearían penas ejemplares para los que intenten frustrar los deberes de los uniformados al recaer en varios delitos que están estipulados en la ley colombiana: “Esta conducta constituiría graves delitos como ataque a servidor público y secuestro extorsivo, cuyas penas pueden superar los 40 años de prisión, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal colombiano”.
Teniendo en cuenta la más reciente violación a la libertad que ocurrió con el secuestro de 57 miembros del Ejército Nacional en el Cauca, el jefe de cartera fue enfático al mencionar que estas intenciones atentan contra el orden constitucional.
En el pronunciamiento mencionó a la “Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica, organismos internacionales y a las comunidades locales para seguir contribuyendo en fomentar la paz y la legalidad, y eviten cualquier alteración del orden público”.
Finalmente, confirmó que este tipo de amenazas no doblegarán las intenciones de las instituciones de salvaguardar a los colombianos de este tipo de organizaciones criminales, que pretenden instrumentalizar a la ciudadanía en pro de continuar ejerciendo sus labores ilícitas y atentar contra la humanidad de estos y de la Policía y Ejército.
“La Fuerza Pública continuará en la zona cumpliendo su misión constitucional de proteger la vida, la integridad y los derechos de todos los colombianos, con pleno respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, además, de velar por el cumplimiento de programas en salud, educación, infraestructura, acceso a tierras y sustitución de cultivos ilícitos.
Todo ellos teniendo en cuenta las diversas acciones en contra de policías y soldados que se han perpetrado en los últimos meses en varios puntos del territorio nacional, para intentar afianzar las actividades de grupos como el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los diferentes frentes de las disidencias de las Farc, que son lo que mayor injerencia tienen en la actualidad en Colombia.
A pesar de la información anterior, el ministro confirmó un par de horas antes del anuncio que comparando con el mismo periodo del año anterior, en El Plateado, y los corregimientos de Argelia y El Tambo, Cauca, se ha presentado una reducción en los siguientes delitos gracias a la presencia de la fuerza pública:
Homicidio: 26%
Desplazamiento: 74%
Extorsión: 56
Hurtos al comercio: 83%
Resultados que aludió a la presencia de las diferentes tropas del Ejército Nacional en las regiones ya mencionadas que buscan “el desmantelamiento de las organizaciones criminales, protege la vida y avanza hacia la paz de la comunidad. Esto es lo que pasa cuando el Estado llega a las zonas más vulnerables”.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de mantener la presencia estatal en el Cauca, mientras advierten que cualquier acción contra la fuerza pública será perseguida legalmente y no modificará la misión institucional de proteger a la ciudadanía y preservar el orden constitucional.
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