La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, no dejó lugar a dudas al referirse a la investigación por el atentado contra el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.
La investigación ha movilizado a 180 funcionarios de la Fiscalía y la Policía, quienes han centrado sus esfuerzos en una única línea de indagación: la denominada ‘pista Caquetá’.
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Esta hipótesis, revelada por Semana y confirmada por las autoridades, apunta a un posible nexo entre el atentado y las disidencias de la Segunda Marquetalia de las Farc en el departamento del Caquetá.
“Nosotros no tenemos evidencia alguna de un móvil distinto. El senador se encontraba en un acto de precampaña en una plaza pública, en un parque de una localidad de Bogotá, estaba evidentemente haciendo una manifestación política. En paralelo, nosotros no tenemos referencias de amenazas en su contra, de problemas personales en su contra, de algún otro delito que hubiese podido motivar este atentado tan planeado y por eso es que hablamos de que este es el escenario en el cual se enmarca, jurídicamente hablando, esta conducta”, expresó la jefa del ente acusador al mencionado medio.
La contundencia de sus palabras marcó el tono de la rueda de prensa conjunta celebrada el martes 24 de junio, en la que, junto al director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, detalló los avances en la investigación de un crimen que ha sacudido a la opinión pública colombiana.
El atentado, perpetrado el sábado 7 de junio, dejó a Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático y precandidato presidencial, gravemente herido y hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá.
Luz Adriana Camargo fue enfática al explicar el enfoque de la investigación: “Lo que estamos verificando es qué nexo tiene esa disidencia con los hechos, esa es nuestra pista actual”, declaró a Semana.
La funcionaria subrayó que, a diferencia de otras hipótesis iniciales, la evidencia recolectada descarta motivaciones personales o actos impulsivos. “El tema de las hipótesis nos desgasta mucho, por eso trabajamos en evidencias, construimos hipótesis sobre evidencias que vamos hallando, que vamos verificando o descartando”, puntualizó.
En los primeros días, tras el atentado, se barajó la posibilidad de que se tratara de un acto aislado, producto de la polarización política.
Sin embargo, la fiscal General aclaró: “En un primer momento, tuvimos como hipótesis que esto era un acto demencial, de una persona que atentaba contra un político de oposición dada la polarización que existe; hoy sabemos que esa no es la hipótesis”.
La investigación ha demostrado que el ataque fue meticulosamente planeado, con actividades preparatorias y una clara intencionalidad. “Hemos podido comprobar a través de evidencia que es un acto planeado, que se llevó a cabo una serie de actividades preparatorias, una total reflexión ante la conducta que se iba a cometer, no es un acto demencial”, insistió Camargo.
La pesquisa ha permitido la captura de cuatro de los autores materiales, entre ellos un menor de 15 años, quien habría sido contactado por intermediarios para ejecutar el atentado.
Según detalló la fiscal General a Cambio, “el crimen, cometido por un menor contactado por otras personas para ese fin, tiene un motivo político”. Esta afirmación refuerza la tesis de que el ataque no fue producto del azar, sino de una estructura criminal organizada.
La “pista Caquetá” se consolidó tras la detención en Florencia, capital del departamento, de Katerine Andrea Martínez, alias Gabriela.
Identificada como la persona que suministró la pistola Glock utilizada por el menor, Martínez relató a los investigadores que llegó al Caquetá bajo la promesa de protección ofrecida por las disidencias de las Farc.
“Hablábamos de lo que mencionó Katerine Andrea. Efectivamente, esa es la pista Caquetá. Efectivamente, lo que nosotros estamos verificando es qué nexo tiene esa disidencia frente a estos hechos. Y ese es el trabajo que estamos realizando con la Policía”, explicó la fiscal Camargo a Semana.
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