Preocupación en el Catatumbo por ingreso de grupos paramilitares: denuncian expansión de Gaitanistas y Los Pachencas en la región

Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos alertaron sobre el deterioro progresivo de la situación de orden público en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, y cuestionar la postura del Ministerio de Defensa frente a los recientes hechos de violencia.

Según denuncias, dos nuevos grupos armados ilegales como los Gaitanistas y Los Pachencas habrían ingresado a la zona, aumentando la tensión en un territorio históricamente afectado por el conflicto.

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Edward Álvarez, defensor de derechos humanos en el departamento, rechazó las recientes declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en las que aseguró que la seguridad del Catatumbo ha mejorado en un 70%.

“Siguen los desplazamientos de familias campesinas e indígenas, la utilización de drones, los homicidios y el fortalecimiento de diversos grupos armados”, afirmó a RCN Radio.

Denuncias por omisión estatal

El vocero también sostuvo que las declaraciones oficiales han generado descontento entre las comunidades afectadas.

“Las declaraciones del Ministro, ha originado rechazo de las distintas comunidades, víctimas de la violencia, por eso le pedimos la renuncia, es cómplice con su omisión, no ha realizado nada para frenar la violencia que acontece en los municipios, corregimientos, veredas y resguardos indígenas de la zona del Catatumbo”, señaló.

En su intervención, Álvarez subrayó la gravedad de los recientes hechos de violencia. En menos de un mes se han registrado tres masacres en Ocaña, dos policías fueron asesinados en zonas rurales cercanas a este municipio y, en un período de 15 días, se produjeron dos enfrentamientos armados en su periferia que dejaron al menos diez personas muertas.

“Vivo en la zona del Catatumbo y conozco la realidad que se registra allí. Un ejemplo claro es la situación que enfrentan las estaciones de Policía en San Calixto, Teorama, El Tarra, El Carmen, Hacarí y La Playa: los uniformados se encuentran en pleno hacinamiento, no pueden asomar la cabeza ni las piernas porque son víctimas de los grupos armados. Los francotiradores están listos para atacarlos y asesinarlos. No cuentan con las condiciones de seguridad para estar presentes en la región”, denunció el defensor.

Presencia de nuevos actores armados

Según el relato de Álvarez, el Ejército Nacional tampoco estaría adelantando operaciones ofensivas en la región, lo que ha permitido que distintas estructuras armadas mantengan o amplíen su control territorial.

“El Ejército no realiza operaciones militares. Están frenados y varados. Aún no han tomado el control ni de las ventanas ni de las puertas del Catatumbo, en donde hay control total del ELN, disidencias de las Farc, pero también entraron otros dos grupos: se trata de los grupos paramilitares Gaitanistas y Los Pachencas”, sostuvo.

De acuerdo con sus afirmaciones, Los Pachencas habrían ingresado por el municipio de San Martín y ya tendrían presencia en Ocaña, identificándose bajo el nombre del Frente Conquistador del Catatumbo.

“Se teme que en los próximos días empeore el panorama en materia de seguridad. Ellos llegaron con ese nombre, mientras el ministro de Defensa parece desconocer esta realidad. Tratan al ELN y a las disidencias de las Farc como amigos de alto nivel. No han hecho nada por devolverle la tranquilidad al pueblo. El Ejército parece la Cruz Roja Internacional, actúa de manera neutral y viene pecando por omisión el Ministro”, declaró al medio.

Sin estrategia militar efectiva

Álvarez también criticó la ausencia de una estrategia militar clara en una región marcada por el narcotráfico y el control territorial de grupos armados. Según su testimonio, la Fuerza Pública no ha desplegado los recursos suficientes para contrarrestar la expansión de estas estructuras ilegales.

La región, compuesta por más de una decena de municipios, ha sido escenario histórico de disputas armadas entre guerrillas, paramilitares y bandas criminales, y en la actualidad enfrenta una nueva ola de violencia con la reconfiguración de actores ilegales. Las comunidades locales, según los defensores, siguen a la espera de una respuesta integral del Estado.