El domingo 22 de junio se confirmó que 57 militares del Ejército Nacional fueron retenidos por habitantes de la vereda La Hacienda, en zona rural de El Tambo, norte del departamento del Cauca. Los hechos ocurrieron durante una operación militar en la región. Al respecto, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, se pronunció en su cuenta de X.
La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia respondió al pronunciamiento del presidente Gustavo Petro sobre la retención de los militares en Cauca, cuestionando el lenguaje utilizado por el mandatario para referirse a los responsables. “Un secuestrador no es un campesino, es un criminal”, señaló Valencia, al criticar lo que considera una justificación del delito por parte del Gobierno.
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El presidente Gustavo Petro se refirió públicamente a la retención de 57 militares en la vereda La Hacienda, en el municipio de El Tambo, Cauca, a través de un mensaje difundido en su cuenta de X. En su declaración, hizo un llamado directo a las comunidades campesinas de la zona para que se distancien de los grupos armados ilegales y se sumen a procesos de transición hacia economías legales. También advirtió sobre los intereses que, según él, buscan provocar una escalada del conflicto armado en la región.
En su pronunciamiento, el mandatario insistió en la necesidad de evitar la confrontación con las comunidades rurales y reiteró que los soldados retenidos son parte del mismo pueblo.
“Le. solicito al campesinado de La Hacienda, El Tambo, Cauca, dejar de creer en actores armados que obedecen extranjeros. El diálogo con el campesinado está abierto para transitar a economías lícitas. Los violentos quieren que. golpeemos al pueblo, para tener la excusa de generalizar el conflicto, nosotros queremos generalizar la paz, pero liberar a los soldados, que son sus propios hijos, es imperativo (sic)”, escribió el jefe de Estado en su publicación.
La senadora Paloma Valencia reaccionó al mensaje del presidente Gustavo Petro sobre la situación en El Tambo, Cauca, y le pidió adoptar una postura más firme frente a la retención de los militares. En su declaración, enfatizó que no se debe confundir la identidad de quienes cometen estos actos con las comunidades campesinas.
“Presidente @petrogustavo, por favor sea firme y claro. Un secuestrador no es un campesino, es un criminal”, escribió en su cuenta de la red social X la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República.
Por otro lado, la senadora María Fernanda Cabal también se pronunció sobre la retención de los 57 militares en Cauca, rechazando el término utilizado por el Gobierno para referirse a lo ocurrido y cuestionando la respuesta oficial frente a estos hechos. En su mensaje, acusó al presidente Gustavo Petro de permitir el debilitamiento de la Fuerza Pública y de mantener una actitud permisiva frente a los grupos armados ilegales.
“¡57 soldados secuestrados en el Cauca por supuestos campesinos presionados por la guerrilla! Esto no es una ‘retención’, es un acto criminal contra la Fuerza Pública. Petro ha permitido que humillen a la Fuerza Pública mientras su Gobierno calla y pacta con terroristas”, dijo la congresista perteneciente a la oposición al Gobierno de Gustavo Petro.
Esa misma noche, el domingo 22 de junio, el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, informó a través de su cuenta en X que se estaban desarrollando operaciones orientadas a asegurar la integridad de los cuatro suboficiales y 53 soldados profesionales que permanecen en poder de la comunidad en El Tambo, Cauca.
“He impartido órdenes precisas al @COMANDANTE_EJC y al Comandante de la @EJERCITO_DIV3 para desplegar las capacidades necesarias bajo un planeamiento minucioso y en tiempo real, que permita el retorno seguro de los Soldados, tomando las medidas pertinentes para evitar cualquier situación que pueda atentar contra la población civil constreñida por este grupo ilegal y la integridad nuestros militares”, expresó en dicho mensaje.
El almirante Cubides también indicó que las fuerzas militares mantendrán sus acciones contra los grupos armados ilegales que, según las autoridades, habrían manipulado a la comunidad local para ejecutar la retención de los soldados.
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