Laura Sarabia, ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, solicitó el acompañamiento y apoyo a organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos con el propósito de garantizar el regreso de los 57 militares retenidos en El Tambo, Cauca.
La canciller condenó de manera enérgica el secuestro, razón por la cual precisó que el llamado a las organizaciones internacionales es para exigir el respeto al derecho internacional humanitario.
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“Condenamos enérgicamente el secuestro de los 57 militares en el Cauca. Hemos solicitado apoyo y acompañamiento a organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y garantes de la paz, con el fin de facilitar el pronto y seguro regreso de los uniformados a sus hogares, y de exigir el respeto al derecho internacional humanitario", indicó Sarabia.
Sarabia hizo un llamado urgente para que los involucrados del secuestro de los uniformados culminen con “estos actos de violencia” y los liberen de forma inmediata.
“Hacemos un llamado urgente a los responsables para que cesen estos actos de violencia y liberen de inmediato a todos los uniformados. La comunidad nacional e internacional está vigilante”, aseveró la canciller.
Detalles del secuestro de los 57 militares
El Ejército Nacional de Colombia confirmó que 57 militares fueron secuestrados en zona rural del municipio de El Tambo, Cauca, en medio de una serie de acciones hostiles ejecutadas por presuntos integrantes del grupo armado residual Carlos Patiño.
Las detenciones ocurrieron durante operaciones militares iniciadas el 21 de junio en el sector conocido como La Hacienda.
Según la Tercera División del Ejército, los hechos se presentaron en dos momentos distintos. El primer grupo de 31 uniformados fue privado de la libertad el 21 de junio. Al día siguiente, otros 26 soldados fueron interceptados y retenidos cuando se desplazaban hacia el corregimiento El Plateado.
Las acciones, según los informes militares, se desarrollaron en medio de asonadas promovidas por aproximadamente 200 personas que rodearon y desarmaron a los uniformados.
El general Federico Mejía, comandante de la Tercera División, aseguró que los soldados fueron víctimas de secuestro, descartando términos como “retención”. También advirtió sobre la manipulación sistemática de la población civil por parte de las disidencias, que habrían incitado a las comunidades a participar en estas acciones.
En audios revelados por Noticias RCN se escucha cómo líderes armados instan a la movilización masiva para “sacar al Ejército”, evidenciando la coacción ejercida sobre los habitantes del área.
Las autoridades castrenses señalaron que los hechos configuran múltiples delitos, entre ellos secuestro, concierto para delinquir, violencia contra servidor público y obstrucción a la función pública.
El Ejército denunció que la infiltración de estructuras armadas en las comunidades ha generado una situación crítica, con limitaciones para el acceso de organismos humanitarios y de derechos humanos. La Defensoría del Pueblo y funcionarios de Naciones Unidas no han podido ingresar a la zona debido a amenazas de los grupos ilegales.
Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, anunció el despliegue de nuevas tropas con el objetivo de garantizar el retorno seguro de los soldados. Reiteró que las operaciones se desarrollarán bajo estricto respeto al Derecho Internacional Humanitario. Cubides también confirmó que se han identificado a los responsables del constreñimiento a la población, que fue utilizada como medio para ejecutar el secuestro.
El Ministerio de Defensa, a través de su titular Pedro Sánchez, condenó el crimen y señaló como responsable directo al frente Carlos Patiño, vinculado al denominado Estado Mayor Central. El Gobierno ofreció recompensas de hasta 500 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los cabecillas.
El presidente Gustavo Petro también se pronunció, exhortando a los campesinos de La Hacienda a dejar de seguir las órdenes de los actores armados ilegales. Mientras tanto, continúa la incertidumbre en la región, donde la presencia del Ejército busca contener el control territorial ejercido por estructuras ilegales en sectores como el cañón del Micay y el municipio de Argelia.
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