
En medio de las tensiones generadas en todo el territorio nacional por cuenta del evento adelantado en La Alpujarra, en Medellín, el ministro del Interior, Armando Benedetti, salió a defender al presidente Gustavo Petro.
Según informó el funcionario en una entrevista concedida a La W, desde el Gobierno nacional nunca se tuvo la intención de ‘promover’ la criminalidad en la capital de Antioquia.
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De hecho, el ministro aseguró que, contrario a lo que se ha dicho en la opinión pública, el trabajo del Ejecutivo ha logrado bajar los índices de criminalidad en Medellín, según Benedetti, por cuenta de la política de paz implementada por el presidente Petro.
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“Nadie está promoviendo el crimen. Por el contrario, los índices de homicidio en Medellín han bajado casi que a un dígito”, señaló el ministro al medio radial.

Por el contrario, el jefe de cartera aseguró que todo se trata de un plan para incluir a todos los actores del conflicto para erradicar los niveles de violencia inseguridad en la ciudad y el departamento.
“Eso tiene que ver mucho con este proceso de paz entre las bandas y sus jefes apresados en las cárceles, algunos de ellos condenados, para hacer un pacto de paz y demostrar que esa vida criminal no vale nada y lleva a más violencia”, resaltó Benedetti a La W.
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Además, el ministro resaltó que el trabajo adelantado con los líderes de las bandas criminales se hizo sin ocultar las negociaciones a los ciudadanos, según él, contrario a lo que se ha hecho en la capital de Antioquia durante administraciones anteriores.
“Eso que se hizo el sábado, es lo que se ha venido haciendo en Antioquia y Medellín por debajo de la mesa, recuerden la época de Fajardo y “Don Berna”, en donde lo explicaron hasta con las barras de fútbol, de eso nadie habla”, continuó Benedetti.
En medio de su defensa, el ministro del Interior aseguró que los críticos del encuentro están “exagerando” al afirmar que estarían en peligro al pactar con bandas criminales.
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Asimismo, el jefe de cartera aseguró que, pese a las críticas de la oposición por los acercamientos con grupos criminales, el único camino para alcanzar la paz será el diálogo con sus cabecillas.
“Recuerden cuando se intentó hacer un acuerdo de paz con los paramilitares, la crítica era la misma. (...) Siempre va a ser la misma porque con quien usted tiene que firmar un acuerdo para parar esa máquina de guerra tiene que ser con ellos, no puede ser con las monjas, ni puede ser con los curas. Tiene que ser con los actores principales que son los que desencadenas ese tipo de procesos tan macabros y tan perversos”, concluyó Benedetti.
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Entretanto, el presidente Gustavo Petro enfrentó una oleada de críticas tras la presencia de nueve jefes de bandas criminales en el evento “Un pacto por la paz urbana”.
La controversia se intensificó cuando el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su rechazo a la medida. Galán, que ha mantenido una postura firme en defensa de las instituciones, manifestó en su cuenta de X que “en lugar de subir a la tarima a jefes de organizaciones delincuenciales activas, lo que Colombia necesita es que rodeemos a las instituciones y apoyemos a los organismos de seguridad, a los jueces y a los fiscales en la lucha contra la delincuencia”.
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Su declaración reflejó el sentir de amplios sectores de la ciudadanía, que vieron en la presencia de los criminales un mensaje contradictorio respecto al combate contra la ilegalidad.

Asimismo, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se sumó a las voces críticas y cuestionó el uso de recursos públicos para facilitar la aparición de los criminales en un evento de tal magnitud.
En un video difundido en su cuenta oficial de X, Rendón afirmó: “¡Dime con quién andas y te diré quién eres! El presidente Petro vino a la capital de Antioquia a rodearse de criminales. Qué peligroso el presupuesto de la Presidencia, los impuestos de los colombianos usado para subir a una tarima a narcos presos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí”.
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El gobernador enfatizó que los invitados poseen un “prontuario criminal de homicidios, desplazamiento, extorsión, desaparición y terror”, y calificó la visita presidencial como una “afrenta” y una “humillación a las víctimas”, así como una “traición al Ejército y a la Policía Nacional”.
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