El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, defendió la postura institucional que adoptó la Registraduría frente a la fallida convocatoria de la consulta popular impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
En entrevista con El Tiempo, Penagos aseguró que la entidad actuó con base en los principios constitucionales y sin exceder sus competencias, señalando que en situaciones de alto conflicto jurídico, como las que rodearon la iniciativa del Ejecutivo, corresponde a los jueces definir el curso de acción.
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Según explicó, no era función de la Registraduría adoptar decisiones sobre la legalidad de un decreto presidencial o intervenir en disputas entre poderes públicos, sino garantizar el respeto a las cortes y evitar el riesgo de incurrir en una “anarquía democrática”.
Penagos rechazó los señalamientos que lo acusan de haber frenado de manera arbitraria el trámite del mecanismo de participación, y sostuvo que la actuación de la entidad se enmarcó en el cumplimiento del deber funcional.
“Lo que hemos planteado desde la Registraduría es el respeto profundo por la Constitución”, afirmó al diario bogotano, añadiendo que se trataba de enviar “un mensaje a la sociedad colombiana de que cuando se presentan controversias jurídicas de tanta magnitud son los jueces los que deben dirimirlas”.
Frente a las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, que calificó a la Registraduría como un operador logístico del proceso de consulta, Penagos respondió que esa definición desconoce la naturaleza de la entidad.
“La Constitución Política en el artículo 266 señala que la Registraduría es una autoridad electoral, pero que además de eso es una autoridad electoral que tiene la característica de ser autónoma e independiente”, indicó Penagos a El Tiempo.
Recordó que esta autonomía ha sido reconocida por la Corte Constitucional, que también ha reiterado que “no hay democracia sin función electoral y no hay función electoral sin una autoridad electoral adecuada”.
A lo largo de la entrevista con el citado medio de comunicación, Penagos cuestionó que se haya desestimado el papel institucional de la Registraduría, afectando de paso a sus funcionarios.
“Opinar en esos términos de la Registraduría es desconocer a miles de funcionarios que trabajan permanentemente por esta entidad”, expresó.
Hernán Penagos reiteró que el proceso electoral en Colombia involucra diversos actores, incluidos jurados, jueces y delegados del Consejo Nacional Electoral, y que los operadores logísticos externos cumplen únicamente funciones de apoyo técnico.
Sobre la posibilidad de haber aplicado la excepción de inconstitucionalidad al decreto presidencial que convocaba la consulta, el registrador descartó esa alternativa por carecer de competencia judicial.
“El Registrador no podía acudir a una circunstancia semejante”, aseguró a El Tiempo. A su juicio, adoptar decisiones de esa naturaleza habría sido “sustituir al poder judicial”, y añadió que “lo más correcto es que esas decisiones las adopte un juez de la República, como en efecto esto lo acaba de hacer el Consejo de Estado”.
Respecto a las advertencias del presidente Petro sobre una supuesta sedición, Penagos dijo que no teme las denuncias, pues su actuación respondió al deber funcional. “No creo que, por actuar de esa manera, por plantear con seriedad una posición que evitara que se dilapidaran recursos públicos en el futuro, se esté cometiendo un delito”, señaló, aunque aclaró que respeta las posiciones del Ejecutivo.
En respuesta a quienes han sugerido que la Registraduría podría eventualmente bloquear las elecciones de 2026, Penagos consideró que esas afirmaciones carecen de fundamento.
Indicó que los comicios ordinarios están fijados por la Constitución y no dependen de voluntad administrativa alguna. “Las elecciones del año 2026 están garantizadas. No es ni el Registrador, ni el gobernante, ni ninguna autoridad la que pueda tomar decisiones respecto de ello”, dijo a El Tiempo.
Finalmente, al ser consultado sobre el ambiente de confrontación con el Ejecutivo, Hernán Penagos aseguró que la entidad se ha mantenido neutral.
“La Registraduría y el registrador no están tomando partido a favor de nadie. Simplemente han dicho lo que le corresponde a un servidor público […] es permitir que las altas cortes decidan”, afirmó.
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