Crecimiento sostenido del uso de motocicletas en Colombia contrasta con alto nivel de informalidad en el mercado de segunda mano

Colombia atraviesa una transformación estructural en su sistema de movilidad, marcada por el auge sostenido del uso de motocicletas. Este medio de transporte, fundamental para millones de personas en el país, no solo ha ampliado las opciones de desplazamiento individual, sino que se ha convertido en un vehículo clave de inclusión económica y social. Sin embargo, este fenómeno se enfrenta a un reto cada vez más visible: la informalidad que caracteriza al mercado de motos usadas.

De acuerdo con datos consolidados por el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) y el más reciente informe del gremio Andi-Fenalco, las motocicletas representan actualmente el 62% del parque automotor colombiano, equivalente a 12,33 millones de unidades, en un universo total de 19,86 millones de vehículos registrados.

Esta cifra confirma el lugar preponderante que ocupan las motos dentro del ecosistema de movilidad del país.

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El crecimiento del sector ha sido sostenido. Solo en abril de 2025 se matricularon 80.766 motocicletas nuevas, y el acumulado del primer cuatrimestre del año muestra un incremento del 29,2% en comparación con el mismo periodo de 2024. En total, durante 2024 se registraron 816.513 matrículas nuevas, una cifra que reafirma la magnitud del fenómeno.

Una característica notable del mercado colombiano de motocicletas es su fuerte arraigo en los sectores de menores ingresos. Un estudio realizado por la Andi en septiembre de 2024 señala que el 91% de los compradores de motos nuevas pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, con ingresos mensuales equivalentes entre uno y tres salarios mínimos.

Este vehículo cumple múltiples funciones: para el 77,3% de los usuarios es su medio de transporte diario, y se asocia además con altos niveles de autoempleo, ya que el 56,2% de los propietarios son empleados y el 17% trabajan como independientes.

La participación femenina en este mercado también va en aumento. Según la misma investigación, el 29,4% de los usuarios de motocicletas en el país son mujeres, lo que sugiere un proceso gradual de democratización en el acceso a este medio de transporte.

No obstante, el dinamismo del sector contrasta con una realidad preocupante: la alta informalidad en las transacciones de motos de segunda mano. Durante 2024, se realizaron oficialmente 588.090 traspasos de motocicletas usadas, una cifra que, frente a los más de 800.000 registros de motos nuevas, sugiere una gran cantidad de operaciones informales no registradas por las autoridades. Esta brecha implica riesgos legales, mecánicos y financieros tanto para compradores como para vendedores.

Entre los principales problemas asociados a la compraventa informal de motos se encuentran los fraudes documentales, la venta de vehículos con fallas ocultas, o con antecedentes judiciales no revelados, así como la exposición a estafas por falta de acompañamiento legal. La ausencia de un sistema centralizado de verificación y garantía contribuye a mantener altos niveles de desconfianza en estas transacciones.

A este contexto se suma la creciente digitalización del comercio de vehículos. Aunque en los últimos años se han multiplicado las plataformas digitales que conectan a oferentes y demandantes, muchas de estas herramientas actúan solo como vitrinas sin ofrecer respaldo legal o técnico sobre los vehículos publicados. El comprador y el vendedor continúan siendo responsables de todo el proceso, lo que perpetúa los riesgos ya mencionados.

Frente a este panorama, han comenzado a surgir iniciativas privadas que buscan ofrecer alternativas de mayor formalidad y trazabilidad en la compraventa de motos usadas. Algunas de estas propuestas incluyen el uso de tecnologías como inteligencia artificial para la tasación de vehículos, sistemas de verificación técnica y legal, y modelos de intermediación directa que garantizan el estado del vehículo mediante peritajes certificados.

Frente a esta necesidad de mayor formalidad, han comenzado a surgir modelos alternativos de intermediación en el mercado de motos usadas. Algunas iniciativas privadas están incorporando herramientas tecnológicas para reducir los riesgos de compraventa, como sistemas de tasación automática, peritajes técnicos y legales, y procesos de adquisición directa de los vehículos, con posterior venta bajo garantía. Este enfoque, adoptado por plataformas emergentes como Wcar, apunta a establecer prácticas más seguras y trazables, en un intento por cerrar la brecha entre el mercado real y el mercado formal en este segmento.

La situación plantea un desafío relevante para el desarrollo del sector en el mediano y largo plazo. Si bien el uso de motocicletas seguirá en aumento debido a su accesibilidad económica y versatilidad, será necesario fortalecer la regulación del mercado secundario, fomentar prácticas de compraventa seguras y transparentes, e incorporar mecanismos que permitan a más ciudadanos acceder a vehículos en condiciones verificadas y con respaldo legal.

En un país donde las motos no solo son una herramienta de movilidad, sino también de sustento, avanzar hacia un entorno más confiable y formal puede representar una oportunidad para mejorar la seguridad vial, proteger los derechos de los consumidores y fortalecer los procesos de bancarización y acceso al crédito en sectores tradicionalmente excluidos.