La Defensoría del Pueblo lanzó una fuerte advertencia frente a las fallas en los controles sobre el porte, uso y comercialización de armas en Colombia, tras el atentado del que fue víctima el senador Miguel Uribe Turbay.
Según el organismo, este hecho, sumado a los recientes actos violentos ocurridos en ciudades como Bogotá y Cali, revela la gravedad de un problema que representa una amenaza directa para la seguridad de la población.
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En un comunicado dirigido a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), la Defensoría señaló que “los desafíos que persisten para los controles efectivos tanto por parte del Gobierno nacional como del Distrital respecto del uso, porte y comercialización de armas son una amenaza directa para la población”.
Acceso de grupos criminales a armamento letal
El organismo defensor de los derechos humanos expresó su preocupación por la facilidad con que organizaciones criminales están logrando acceder a armas de alto poder, lo que se ha evidenciado en los más recientes episodios de violencia. En palabras de la Defensoría, “estos episodios reflejan una realidad preocupante: las organizaciones criminales están accediendo con facilidad a armamento letal”.
Los hechos recientes, entre ellos el atentado contra el congresista Miguel Uribe Turbay en la localidad de Fontibón, en Bogotá, han puesto de manifiesto los riesgos a los que se enfrentan no solo los funcionarios públicos, sino también la ciudadanía en general, en un contexto donde la criminalidad se ve fortalecida por el tráfico y porte de armas ilegales.
En su comunicación a la Ciprat, la Defensoría instó a las autoridades a implementar medidas inmediatas y coordinadas para enfrentar esta problemática. En ese sentido, solicitó al Gobierno nacional y al Distrital, junto con entidades como el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Fiscalía, la Policía Nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá, “promover todas aquellas medidas para el esclarecimiento de los hechos y para la protección efectiva de los derechos fundamentales de las poblaciones advertidas en riesgo”.
El llamado de la Defensoría también incluye la necesidad de fortalecer los controles sobre el tráfico de armas en la capital, de manera que se puedan reducir las posibilidades de que grupos criminales continúen accediendo a este tipo de armamento. Además, el organismo recomendó “mejorar la capacidad investigativa frente a patrones de criminalidad” y combatir de manera decidida “posibles hechos de corrupción que estarían facilitando el acceso de las bandas a este tipo de armamento”.
Un problema estructural que exige respuesta inmediata
La Defensoría del Pueblo fue enfática en señalar que los atentados y actos violentos recientes no deben ser entendidos como hechos aislados, sino como la manifestación de un problema estructural que viene afectando la seguridad en las principales ciudades del país.
Para el organismo, la situación “exige medidas urgentes y articuladas”, que permitan enfrentar no solo el fenómeno del porte ilegal de armas, sino también los factores que lo posibilitan, como el tráfico y la corrupción.
El pronunciamiento de la Defensoría se da en un momento en que tanto Bogotá como Cali han sido escenario de varios hechos violentos que han afectado la tranquilidad ciudadana. Estos eventos, de acuerdo con el organismo, se enmarcan en un contexto de inseguridad que es aprovechado por estructuras criminales cada vez más fortalecidas y armadas.
El llamado a una acción articulada y decidida busca precisamente que las instituciones involucradas puedan actuar de manera conjunta para cerrar el paso al tráfico de armas, desarticular las redes criminales y prevenir nuevos episodios de violencia que pongan en riesgo la vida y la integridad de los ciudadanos.
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