Un error de la Dian le costó al Estado $44.000 millones: la falta de gestión de la entidad terminó beneficiando a una empresa

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) enfrenta un nuevo escándalo tras confirmarse que, por un error administrativo, permitió que se perdieran $44.000 millones en un proceso que terminó favoreciendo a un contribuyente.

Así lo advirtió la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (Itrc), que ya anunció el inicio de investigaciones disciplinarias y el traslado del caso a la Contraloría General de la República.

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Una omisión que costó miles de millones al Estado

De acuerdo con la información divulgada por la Agencia Itrc, el caso se originó en la Subdirección Operativa de Fiscalización de Grandes Contribuyentes de la Dian. Esta dependencia no remitió de manera oportuna un memorial clave a la Subdirección de Recursos Jurídicos, la cual era la encargada de resolver el asunto debido a la cuantía en discusión.

La falta de trámite dentro del tiempo estipulado por la ley derivó en que se configurara el llamado silencio administrativo positivo, un mecanismo jurídico que, en términos prácticos, implica que si una autoridad no responde dentro del plazo legal un recurso, petición o trámite, la solicitud del interesado se entiende aprobada por ministerio de la ley.

En este caso, la inacción de la Dian no solo impidió un pronunciamiento oportuno, sino que derivó en la aceptación automática de una pretensión económica que le costó al erario $44.000 millones.

La Agencia Itrc, tras un ejercicio preventivo y de análisis de datos, estableció que el error materializó el riesgo de “iniciar, ejecutar y resolver actuaciones administrativas sin el cumplimiento de los requisitos legales aplicables (oportunidad)”, lo que dejó sin posibilidad a la entidad de revertir el perjuicio económico.

Acciones de control y responsabilidad fiscal

La directora de la Agencia Itrc, Eva Carolina Madrid, manifestó que ya se activaron los mecanismos de control interno correspondientes. “En ejercicio de la competencia disciplinaria de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales, se dará inicio a las actuaciones correspondientes para establecer presuntas conductas disciplinarias y se dio traslado a la Contraloría General de la República para las sanciones que sean de su competencia en materia de responsabilidad fiscal, si es el caso”, aseguró.

Además, desde la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo de la Dian se emitió una alerta con el propósito de recomendar la implementación de controles internos que permitan prevenir situaciones similares en el futuro.

Otros hallazgos que afectan las finanzas públicas

Este episodio se suma a otros recientes cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos en la Dian. Según un informe de la Contraloría General de la República, una auditoría fiscal evidenció hallazgos fiscales por más de $17.286 millones relacionados con el arrendamiento de inmuebles que no fueron utilizados conforme al propósito por el cual fueron contratados.

El informe detalla que la Dian suscribió contratos de arriendo para edificaciones como el edificio San Martín y la Torre Sur, ambos en Bogotá. Estas instalaciones estaban destinadas a albergar nuevos funcionarios, previstos tras una ampliación de la planta de personal; sin embargo, la auditoría encontró que los espacios fueron ocupados transitoriamente por empleados de planta que ya tenían puestos asignados.

En el caso de la Torre Sur, se esperaba la llegada de 3.064 nuevos empleados, pero finalmente los espacios fueron destinados a 1.890 funcionarios que ya hacían parte de la entidad. La Contraloría calificó como injustificado el proceso contractual. “El proceso contractual desarrollado por la Dian, no se justificaba, toda vez que los inmuebles fueron ocupados durante el plazo de ejecución del contrato (…) de manera transitoria por 1.890 funcionarios de planta y no por nuevos funcionarios, que serían asignados en desarrollo del concurso de méritos”, señala el informe.

La Dian, por su parte, explicó que los retrasos en los nombramientos se debieron a las acciones de tutela interpuestas durante los procesos de selección, lo que impidió que los nuevos funcionarios ocuparan los inmuebles como estaba proyectado.