Fiscalía interrogó a Silvia Gette, exrectora de importante universidad, por su vinculación en el asesinato de un reconocido ganadero: le habría pagado a paramilitares para que lo mataran

El martes 17 de junio de 2025, el proceso judicial por el homicidio de Fernando César Cepeda Vargas retomó su curso en el Juzgado Primero Penal de Conocimiento de Barranquilla.

Una de las implicadas en esta diligencia judicial, la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe y abogada Silvia Gette Ponce compareció ante el juez para responder en interrogatorio, bajo el antiguo sistema de la Ley 600, o también conocido como Código de Procedimiento Penal colombiano, tras la implementación del Sistema Penal Acusatorio (Ley 906 de 2004)

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Gette se encuentra en libertad tras cumplir una condena por el delito de soborno en actuación penal.

Sin embargo, la diligencia judicial corresponde al juicio oral en el que la Fiscalía sostiene que Gette Ponce “tenía una supuesta diferencia personal con el ganadero” Fernando Cepeda y “habría pagado una alta suma de dinero a jefes del Bloque Norte de las extintas Autodefensas para que lo asesinaran”, según consta en los testimonios recogidos durante la investigación, señaló el diario El Heraldo de Barranquilla.

Los señalamientos se originaron en versiones entregadas por los exparamilitares Édgar Ignacio Fierro (alias don Antonio) y Jhonnys Acosta Garizábalo (alias 28), en las que sostuvieron que Gette procedió a través de terceros y que existían intereses sobre la rectoría de la institución educativa.

Qué dijo Silvia Gette tras comparecer en audiencia: por crimen de Manuel Cepeda Vargas

Durante la audiencia, Silvia Gette reafirmó su argumento de inocencia y aseguró ser “víctima de exparamilitares que trataron de extorsionarla”.

La abogada explicó que, al resistirse a sus presiones, terminó involucrada en el caso.

“No accedí a las extorsiones que me hacían y los dineros que me pedían. ‘Don Antonio’ me mandaba mensajes y la meta que ellos tenían era robarme, sacarme de ahí y eliminarme para apoderarse de la Universidad. En una de las llamadas dijo: ‘Usted mandó a matar a Cepeda y pagó 150 millones de pesos para matarlo. Entonces nos tiene que ayudar con un dinero porque si no, la nombramos en Justicia y Paz’. Yo los insulté y dije que yo no tenía por qué dar ningún dinero, que no tenía por qué hablar con ellos”, precisó Gette durante la diligencia.

Frente a los señalamientos sobre una supuesta motivación relacionada con el control de la universidad, Gette alegó que “esta situación se creó con el único fin de tenerla entretenida a ella en todos los procesos judiciales en los cuales ha sido inmiscuida, con el único fin de desterrarla de la Universidad Autónoma del Caribe y que otros pudieran entrar a apoderarse y quedarse con ella (universidad)”, según expuso su abogada, Bianith Bohórquez.

La defensa reiteró que Gette ya “cumplió la condena del soborno”, remarcando que “actualmente no tiene ningún pendiente con la justicia, más que resolver este asunto donde se le vinculó desde años atrás”.

Bohórquez describió además que este proceso como “el último eslabón y esta última piedra en el camino que le quisieron colocar”.

La condena contra Silvia Gette

En mayo de 2022 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó otra condena contra Gette por abuso de confianza calificado y agravado, relacionada con la apropiación de recursos institucionales, condena que también ha cumplido bajo detención domiciliaria.

La defensa destacó que, durante el tiempo que Gette dirigió la Universidad Autónoma del Caribe entre 2003 y 2013, la institución creció de manera significativa.

Bohórquez describió logros institucionales como la apertura de una sede en Miami y el aumento en la matrícula, además de incentivos para estudiantes por arte, educación y deporte, y una ruta escolar nocturna.

La continuación del juicio oral está programada para el próximo 17 de julio de 2025, donde se prevé la intervención de nuevas pruebas y la participación de más testimonios clave para el esclarecimiento del caso.

El motivo se dio porque durante la audiencia del juicio oral el fiscal del caso, Pablo Andrés Porras, “no presentó las pruebas documentales” que tenía como fin practicarse durante la diligencia.