A pesar de haber devuelto 7.722 millones de pesos y aportar información clave a la justicia, Luis Eduardo López Rosero, conocido como “el Pastuso”, recibió una condena de seis años y ocho meses de prisión como responsable del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
El empresario nariñense, que permaneció privado de su libertad en una guarnición militar desde septiembre de 2024, figuró como el principal beneficiario de un contrato para suministrar cuarenta carrotanques destinados a La Guajira, en uno de los casos de corrupción más grande de la administración pública reciente.
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Según los detalles que fueron suministrados a Semana, un juzgado especializado de Bogotá impuso la sentencia luego de que López Rosero aceptara un preacuerdo con la Fiscalía, con el que asumió su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
En consecuencia, la sanción incluye una multa cercana a los 9.500 millones de pesos, equivalentes a 7.948,85 salarios mínimos legales vigentes.
El proceso, ampliamente seguido por la opinión pública, adquirió notoriedad cuando se expuso que el contrato en cuestión tenía como objetivo abastecer de agua potable a zonas de La Guajira golpeadas por la ola invernal de 2022.
De acuerdo con la Fiscalía General, los fondos que López Rosero debió devolver correspondieron a recursos desviados del proyecto.
“Este dinero representa la apropiación de López Rosero en medio de la desviación del contrato para la adquisición de los 40 vehículos que tenían como finalidad llevar agua potable a varias zonas de La Guajira que resultaron afectadas por la ola invernal del año 2022”, señaló la Fiscalía, citada por el medio.
No le dieron prisión domiciliaria
La justicia también negó cualquier medida de detención domiciliaria, de manera que se estableció que López Rosero debía cumplir íntegramente la condena en prisión.
El juzgado fundamentó su decisión en la gravedad de los hechos, la cuantía del desfalco y la relevancia de los actores involucrados en la red de corrupción, los cuales surgieron del testimonio del propio empresario.
Durante el proceso judicial, Luis Eduardo López Rosero entregó información fundamental sobre la adjudicación y ejecución del contrato de carrotanques de la Ungrd, lo que permitió a la Fiscalía ampliar la investigación hacia otros contratistas, empresas y funcionarios involucrados, incluyendo al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, a quien se le imputaron tres cargos.
Esta condena representa la segunda por el caso Ungrd, tras la de Sneyder Pinilla, exsubdirector de riesgo, quien implicó a los congresistas Iván Name y Andrés Calle en la recepción de sobornos.
A su vez, de acuerdo con lo que informó el medio, López Rosero también solicitó una investigación sobre Kenworth por presuntas inconsistencias en la compra de los vehículos.
Defensa de Carlos Ramón González negó cargos y cuestionó a la Fiscalía por falta de pruebas en escándalo de la Ungrd
El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, quedó a la espera del fallo que decidirá si irá a prisión preventiva por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
El Tribunal Superior de Bogotá programó para el próximo 3 de julio de 2025 la lectura de la decisión.
Durante la audiencia del 17 de junio, su abogado defensor, Iván Cancino, cuestionó la solidez del caso de la Fiscalía y rechazó la solicitud de medida de aseguramiento.
“Mi cliente es inocente. El único que ha hablado en su contra es Olmedo López, y lo hace por su interés en obtener beneficios judiciales”, afirmó Cancino. Además, recordó que Sneyder Pinilla, otro de los implicados, no ha hecho declaraciones contra González.
El exfuncionario no aceptó los cargos por cohecho, lavado de activos y peculado por apropiación. De acuerdo con la fiscal María Cristina Patiño, González habría dado instrucciones a finales de 2023 a Sandra Ortiz y a Olmedo López para entregar 4.000 millones de pesos a los congresistas Iván Name y Andrés Calle.
La fiscal sostuvo que “Carlos Ramón ofreció a los parlamentarios primero, contratos y luego dinero en efectivo para que a cambio de ello, apoyaran los proyectos de ley de interés del Ejecutivo”.
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