Los integrantes del gabinete del presidente de Colombia, Gustavo Petro, podrían enfrentarse a un nuevo proceso de investigación disciplinaria solicitado ante la Procuraduría General de la Nación.
La petición fue presentada por el abogado y exministro de Justicia, Wilson Ruíz, que argumentó que el Ejecutivo habría actuado en contra de lo dispuesto por la Constitución al expedir un decreto relacionado con una consulta popular, pese a que el Senado de la República había emitido un concepto negativo sobre la iniciativa.
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El abogado sostuvo que el decreto fue emitido ignorando lo establecido en el artículo 104 de la Constitución, el cual exige un concepto favorable del Senado como requisito previo para llevar a cabo una consulta popular, de acuerdo con información publicada por Semana.
“El artículo 104 es categórico. Sin concepto favorable del Senado, no hay consulta posible. Esto no es un tecnicismo, es la base constitucional para proteger la división de poderes y evitar abusos del Ejecutivo”, afirmó Ruíz en su solicitud.
El Senado había rechazado la propuesta de consulta popular en una votación cerrada, con 47 votos a favor y 49 en contra. A pesar de este resultado, el presidente Petro y su gabinete procedieron con la expedición del decreto, lo que, según Ruíz, constituye una violación directa al orden constitucional. En su petición, el exministro enfatizó en que esta acción representa un desconocimiento flagrante de la división de poderes y un acto que podría interpretarse como un abuso de autoridad.
La solicitud de investigación disciplinaria incluye a varios ministros del gabinete, entre ellos, el ministro del Interior, Armando Benedetti; el ministro de Hacienda, Germán Ávila; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; y la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, entre otros.
Así mismo, mencionó a los ministros encargados que firmaron el decreto en ausencia de los titulares, como Rosa Yolanda Villavicencio, ministra encargada de Relaciones Exteriores; Augusto Alfonso Ocampo, ministro encargado de Justicia; José Luciano Sanín, ministro encargado de Minas y Energía; y Christian David Díaz, ministro encargado de Ambiente.
Ruíz también señaló que algunos ministros habrían utilizado de manera estratégica la figura de “encargo” para evitar posibles responsabilidades disciplinarias. Según el abogado, esta práctica podría interpretarse como un intento deliberado de evadir las consecuencias legales de sus acciones.
“La conducta de estos servidores públicos, plena de dolo y consciente del daño constitucional que causaban, representa una violación directa del orden constitucional. Actuar en contra de un mandato del Senado es burlarse del pueblo colombiano”, concluyó Ruíz.
Así las cosas, la acción disciplinaria busca determinar si los funcionarios involucrados actuaron con dolo al expedir el decreto, desobedeciendo el mandato del Senado. Este caso pone en el centro del debate la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en Colombia, así como la importancia de respetar los procedimientos constitucionales establecidos para garantizar la separación de poderes.
A la demanda del Ruiz se sumó la del concejal de Bogotá Daniel Briceño, junto con Cristina Plazas y Alberto Boek Huyke que denunciaron al gabinete ministerial del gobernante de los colombianos.
“Esta actuación no solo vulnera el principio de legalidad, sino que desnaturaliza los límites constitucionales de la participación política, afecta la separación de poderes, compromete gravemente el erario público, y se ejecutó con conocimiento pleno de su ilicitud, pese a advertencias públicas y reiteradas de múltiples autorizadas del mundo jurídico”, se lee en el documento.
Los ministros investigados por la Procuraduría
- Ministro del Interior, Armando Benedetti
- Ministra de Relaciones Exteriores encargada, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy
- Ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas
- Ministro de Justicia y del Derecho encargado, Augusto Alfonso Ocampo Camacho
- Ministro de Defensa Nacional, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez
- Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Viviana Carvajalino Villegas
- Ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez
- Ministro de Trabajo, Antonio Eresmid Sanguino Páez
- Ministro de Minas y Energía encargado, José Luciano Sanín Vásquez
- Ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas
- Ministro de Educación Nacional, José Daniel Rojas Medellín
- Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible encargado Christian David Díaz Bulla
- Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Helga María Rivas Ardila
- Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Julián Molina Gómez
- Ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla
- Ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yanai Kadamani Fonrodona
- Ministra de Deporte, Patricia Duque Cruz
- Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ángela Yesenia Olaya Requene
- Ministro de Igualdad y Equidad, Carlos Alfonso Rosero
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D’mar Córdoba Salamanca, periodista y abogado constitucionalista, profesor posgrado Universidad Católica de Colombia
