Violencia en el sur del Tolima: asesinan a dos hombres en zona rural de Prado en medio de presuntas extorsiones

Dos hombres, ganaderos de 59 y 62 años, fueron asesinados con impactos de arma de fuego en la zona rural de Prado, Tolima, el sábado 14 de junio.

Ambos se encontraban en una finca de la vereda La Chica cuando se produjo el ataque. Según las autoridades, los hechos estarían relacionados con extorsiones ejercidas por grupos delincuenciales que operan en la región. Esta situación evidencia los altos niveles de inseguridad que afectan a las comunidades agrícolas y ganaderas del departamento.

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El teniente coronel Frank Alekus Montoya Polanco, comandante operativo de Seguridad Ciudadana (e) en Tolima, quien declaró a RCN Radio que las víctimas “perdieron la vida en el lugar debido a la gravedad de sus heridas”. Asimismo, el oficial hizo énfasis en la importancia de la colaboración ciudadana para avanzar en las investigaciones, solicitando que cualquier información relevante sea reportada al número 123.

Las autoridades han activado un equipo especial de policía judicial para indagar en el caso y dar con los responsables. De acuerdo con versiones preliminares, la negativa de los hombres a pagar las cuotas exigidas por las bandas criminales habría motivado el ataque. Este escenario es reflejo de una problemática recurrente en el ámbito rural de Tolima, donde los delitos de extorsión y violencia han generado preocupación en los sectores productivos.

En este contexto, la Policía del departamento del Tolima ha mencionado que, pese a los recientes actos de violencia, se ha registrado un avance significativo en la reducción de homicidios en la región. Según datos oficiales, en los primeros meses del 2024 se habían contabilizado 48 muertes violentas, mientras que en el mismo período del 2025 la cifra se redujo a 16 casos, es decir, una diferencia de 32 homicidios menos. Esto representa una disminución del 67 %, un logro destacado por el coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía del Tolima, que indicó que esta reducción refleja las estrategias de seguridad implementadas.

Sin embargo, la alarmante situación en áreas rurales, como Prado, pone de relieve las dificultades persistentes en garantizar la seguridad de agricultores y ganaderos. Las autoridades han intensificado sus esfuerzos en zonas críticas, buscando contrarrestar las actividades delictivas de los grupos armados en la región. La extorsión, uno de los delitos más denunciados, continúa siendo un desafío para las autoridades locales.

Montoya Polanco insistió en la necesidad de la colaboración ciudadana para mitigar estos problemas, enfatizando que “la comunidad debe contribuir con información que permita avanzar en las investigaciones y garantizar la seguridad en estos sectores”. El asesinato de los dos ganaderos en la vereda La Chica reaviva el debate sobre las condiciones de vulnerabilidad en áreas campesinas y la urgencia de desarrollar políticas de protección más efectivas.

La situación registrada en el municipio de Prado, Tolima, se suma a una preocupante escalada de homicidios que ha venido afectando a distintas zonas del departamento durante 2025. En lo corrido del año, varios de los hechos violentos han tenido como víctimas a personas vinculadas a actividades agrícolas y ganaderas, lo que ha generado un creciente temor entre comunidades rurales que históricamente han estado expuestas a condiciones de seguridad precarias.

De acuerdo con reportes recientes de las autoridades y de medios regionales, al menos diez hombres han sido asesinados en el departamento bajo circunstancias similares: ataques selectivos, algunos en zonas de difícil acceso, y en varios casos sin que existan capturas ni mayores avances en las investigaciones.

Aunque en términos generales el Tolima ha mostrado una leve reducción en las cifras consolidadas de homicidios respecto al mismo periodo del año anterior, la persistencia de este tipo de crímenes en áreas rurales revela una problemática más profunda y localizada.

El asesinato ocurrido el pasado 14 de junio en Prado, que se suma a esta serie de hechos violentos, vuelve a poner en tela de juicio la capacidad de respuesta del Estado en zonas apartadas y de baja presencia institucional.

Las autoridades han señalado que se están incrementando los operativos de control y presencia policial en los municipios más afectados, así como las campañas de denuncia ciudadana, pero las comunidades insisten en que la presencia del pie de fuerza sigue siendo limitada y que la impunidad alimenta el temor.