Un operativo en el municipio de Buriticá, departamento de Antioquia, ha desarticulado una red de minería ilegal asociada al Clan del Golfo, según informó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
En esta intervención, se logró la captura de cuatro presuntos integrantes del grupo criminal y el decomiso de materiales relacionados con actividades extractivas ilícitas, incluyendo una gran cantidad de explosivos y elementos contaminantes.
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Este operativo forma parte de un esfuerzo mayor para combatir los delitos ambientales en Colombia.
La acción, denominada Operación Esperanza, fue anunciada por Lena Estrada Añokazi, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que destacó la dimensión estratégica de este operativo.
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“Desde el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros crímenes ambientales (Conaldef), en estrecha colaboración con la Policía Nacional y la dirección especializada de medio ambiente de la Fiscalía, desmantelamos una red de minería ilegal del Clan del Golfo en el municipio de Buriticá (Antioquia)”, afirmó la ministra.
El operativo implicó el decomiso de 102 barras de Anfo, 774 barras de Indugel, 600 detonadores eléctricos, 1.300 metros de cordón detonante, 1.000 gramos de mercurio, así como tres armas de fuego cortas, ocho teléfonos celulares y un radio de comunicación, detalló la autoridad. El Anfo y el Indugel son explosivos comúnmente empleados en minería, mientras que el mercurio es ampliamente utilizado para la extracción de oro, causando graves daños ambientales, especialmente en las fuentes hídricas.
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Además de las detenciones y los decomisos, la operación buscó frenar los impactos ecológicos provocados por la minería ilegal en la región. Según las autoridades, estas actividades habían contaminado quebradas y afectado tanto a los ecosistemas como a las comunidades rurales cercanas. Lena Estrada Añokazi subrayó la importancia de estas acciones:
“La minería ilegal es un crimen ambiental que destruye la naturaleza, contamina fuentes hídricas y financia estructuras armadas. El gobierno del cambio le cumple al país”. Buriticá, conocido por su potencial minero, ha sido históricamente objeto de explotación ilícita, lo que ha generado conflictos sociales y medioambientales en la región.
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De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, el golpe es parte de los esfuerzos del Conaldef, un órgano interinstitucional dedicado al combate de delitos ambientales como la deforestación, el tráfico ilegal de fauna y madera, así como la minería ilícita.
Este consejo trabaja de manera conjunta con unidades como los Carabineros de la Policía y la Dirección Especializada de Medio Ambiente de la Fiscalía para identificar, investigar y desarticular organizaciones criminales. En este sentido, la ministra resaltó que “la articulación interinstitucional permite consolidar el control territorial, y proteger la vida, el ambiente y las comunidades”.
La explotación de minerales se ha convertido en uno de los principales motores de financiamiento para estructuras armadas ilegales, incluyendo el Clan del Golfo, una de las organizaciones criminales más poderosas en Colombia. La minería ilegal no solo representa un desafío ambiental, sino que se entrelaza con dinámicas de violencia, desplazamiento forzado y destrucción de recursos naturales clave. El mercurio, por ejemplo, al ser arrojado a fuentes de agua, contamina largas extensiones de ríos y afluentes, poniendo en riesgo la salud de las comunidades locales.
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El Ministerio de Ambiente ha enfatizado la necesidad de consolidar un enfoque integral para abordar la minería ilegal, incluyendo la restauración de ecosistemas afectados, el desarrollo de mecanismos de control y supervisión minera más estrictos, y el fortalecimiento de las iniciativas de justicia ambiental. A lo largo de los últimos años, Colombia ha enfrentado crecientes tasas de deforestación y degradación ambiental, en gran parte impulsadas por actividades mineras ilícitas y cultivos ilegales de coca.
En regiones como Antioquia, donde los ecosistemas boscosos están amenazados por la presión de actividades ilegales, las medidas de protección ambiental adquieren un carácter prioritario. Las autoridades reiteran que los operativos no solo implican detenciones, sino que buscan generar cambios estructurales en las dinámicas asociadas a la minería ilegal y otros delitos ambientales.
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El trabajo coordinado entre instituciones como la Policía Nacional y la Fiscalía es clave para avanzar tanto en la identificación de responsables como en la recuperación de espacios naturales fundamentales para el equilibrio ecológico de Colombia.
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