
El miércoles 11 de junio de 2025 se confirmó la muerte de Ana María Cuesta León, directora del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, a los 39 años.
Según reveló El Espectador, Ana María Cuesta y su familia venían dando una lucha con Famisanar, su Entidad Promotora de Salud (EPS), con el propósito de que le entregaran un medicamento, que, según el citado medio, aumentaba sus posibilidades de vivir.
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El citado medio precisó que los familiares más cercanos de la joven mujer permitieron publicar la denuncia.
Familiares afirmaron a El Espectador que Ana María Cuesta estaba solicitando los medicamentos Ambrisentan y Selexipag, que tenía como propósito contener la hipertensión pulmonar que padecía.

“Nos agarró desprevenidas, porque siempre creímos en su fuerza para seguir, en que con cuidado, reposo y medicamento saldría adelante. Pero la falta del fármaco nos inquietaba. Yo incluso pregunté desesperada por redes si alguien tenía, pero nada”, indicó Carolina, su hermana mayor.
Frente a la dificultad para obtener el medicamento, Ana María optó por reducir la dosis prescrita. Según contó su hermana Carolina, desde hacía dos meses lo tomaba día por medio, intentando alargar el tratamiento ante el riesgo de quedarse sin suministro.
Durante la pandemia, la familia presentó una acción de tutela debido a los retrasos en la entrega del fármaco. En el recurso se advertía que la interrupción del tratamiento había afectado gravemente la salud de Ana María, al punto de requerir hospitalización con ventilación asistida, en un momento en que ese tipo de equipos eran escasos y altamente demandados.
El 20 de septiembre de 2020, el Juzgado Noveno Municipal de Pequeñas Causas de Bogotá falló a favor de Ana María, reconociendo su derecho a la salud. Ordenó a la EPS Famisanar y a Cafam asegurar el suministro de los medicamentos formulados por el médico tratante, incluyendo el ambrisentan, en la cantidad y frecuencia indicadas. El fallo también estipuló que estos debían ser entregados en un plazo máximo de 48 horas tras la emisión de la orden médica o, si era necesario, en el domicilio de la paciente.

Sin embargo, la orden judicial no fue cumplida. Por ello, el pasado 9 de junio, la familia presentó un incidente de desacato.
El Espectador intentó obtener una respuesta de Famisanar sobre las razones de la suspensión del suministro del medicamento, a pesar del fallo vigente de la tutela. Hasta el cierre de la publicación, no hubo respuesta por parte de la EPS.
Familiares, amigos y funcionarios lamentaron el fallecimiento de Ana María Cuesta. El alcalde Carlos Fernando Galán destacó su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y su compromiso con la memoria de las víctimas del conflicto armado en Colombia.
“Lamento profundamente la muerte de Ana María Cuesta León, directora del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación”, escribió Galán. En su mensaje, resaltó además que “Ana María dedicó su vida a la defensa de los Derechos Humanos y deja una huella de más de 10 años en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, desde donde luchó sin descanso por la memoria y la dignidad de las víctimas del conflicto armado”, indicó Galán.

El alcalde concluyó su mensaje señalando que “la mejor forma de honrar a Ana María es seguir trabajando por la dignidad de las víctimas y la construcción de memoria y paz en Bogotá y todo el país”.
Por su parte, la Alcaldía Mayor de Bogotá también emitió un pronunciamiento en el que expresó sus condolencias por el fallecimiento de la funcionaria. “La Alcaldía Mayor de Bogotá lamenta profundamente el fallecimiento de Ana María Cuesta, directora del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación”, indica el comunicado. Y agrega: “Acompañamos con solidaridad a su familia, amigos y equipo de trabajo en este difícil momento”.
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