El presidente Gustavo Petro se refirió a la consulta popular decretada para el 7 de agosto de 2025, con la que se validará, o no, la reforma laboral planteada por el Gobierno, y que fue hundida por el Senado.
El mandatario señaló que aceptará el resultado de las votaciones y que no hay por qué pensar que el decreto sea inconstitucional, pues es en la misma constitución en la que se basa el documento.
Asimismo, señaló que en 1991, cuando se llevó a cabo la Asamblea Nacional Constituyente, se esgrimieron los mismos argumentos que se exponen ahora por parte del Gobierno.
“Vote sí o vote no, el presidente de Colombia acatará lo que decida el pueblo de Colombia. Al senado de la república le solicito no votar en la reforma laboral la construcción de un neoesclavismo en el país con las normas que actualmente están discutiendo. Ni la constitución del 91, ni mi mandato popular, ni el mandato popular que tienen, ordenan la construcción de un régimen neoesclavista. A quienes hablan de “decretazo” les informo que la argumentación entregada a la Corte Constitucional, es la misma que entregó el expresidente Cesar Gaviria a la Corte Suprema para que se convocara a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991″, escribió.
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Petro abre la puerta a una Asamblea Constituyente si fracasa la consulta popular
La tensión entre el presidente Gustavo Petro y el Congreso de la República se agudizó este miércoles, tras la confirmación del decreto presidencial que convoca a una consulta popular. Desde la ciudad de Cali, el mandatario no solo defendió esta iniciativa sino que anunció públicamente su disposición a impulsar una Asamblea Nacional Constituyente si su proyecto de reformas no logra avanzar por otras vías institucionales.
En su intervención, el presidente expresó un fuerte descontento con el papel del Congreso, al que responsabilizó del estancamiento de varias de sus propuestas legislativas. En ese contexto, afirmó que existen mecanismos constitucionales alternativos que permitirían llevar a cabo las transformaciones que su gobierno considera necesarias.
Una de las herramientas mencionadas por el jefe de Estado fue la Asamblea Nacional Constituyente. Según el mandatario, esta opción entraría en juego si la consulta popular no logra superar los controles jurídicos establecidos o si el resultado del mecanismo de participación es desconocido o desatendido. La recolección de firmas sería, en ese caso, el paso previo para sustentar la convocatoria.
En declaraciones recientes a medios internacionales, el presidente reiteró su postura y argumentó que su gobierno respetará los tiempos legales y el mandato popular. También insistió en que cualquier proceso constituyente tendría lugar en el tramo final de su mandato y no estaría orientado a prolongar su permanencia en el poder.
El anuncio ha sido interpretado como una nueva escalada en la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Aunque el Congreso tiene previsto debatir más de 200 proposiciones relacionadas con la reforma, el Ejecutivo parece dispuesto a seguir adelante con su hoja de ruta sin esperar los resultados del trámite legislativo.
Los sectores críticos al gobierno han señalado que esta estrategia representa un desconocimiento de la separación de poderes y han manifestado preocupación por lo que consideran una deriva autoritaria. Otros analistas advierten sobre los riesgos de promover una constituyente en un contexto político polarizado y con bajos niveles de consenso institucional.
La consulta popular, por su parte, sigue su curso, mientras en la opinión pública se intensifica el debate sobre los mecanismos de reforma en Colombia y sobre los límites constitucionales del poder presidencial.
Con este nuevo capítulo, el gobierno deja claro que está dispuesto a acudir a todas las herramientas legales posibles para sortear los bloqueos institucionales. La discusión sobre el rumbo político del país entra así en una fase crucial, en la que la voluntad popular, el control constitucional y las relaciones entre poderes del Estado jugarán un papel determinante en los próximos meses.
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