Luego de que se conociera que el presidente de la República, Gustavo Petro, firmó el Decreto 639 de 2025, que deja en firme la consulta popular para implementar su fallida reforma laboral, la senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, presentó una denuncia penal por prevaricato contra los ministros que avalaron el mencionado decreto.
La acusación formal fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación y apunta a que los funcionarios habrían actuado al margen de la Constitución.
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Simultáneamente, Valencia dirigió una comunicación al registrador Nacional, Hernán Penagos, solicitando que no convoque a los comicios para dicha consulta, argumentando que el decreto vulnera el artículo 104 de la Constitución Política.
“Solicito respetuosamente que ejerza la excepción de inconstitucionalidad frente al Decreto 639 de 2025 y, en consecuencia, se abstenga de convocar la votación de la Consulta Popular, toda vez que comporta una violación flagrante al artículo 104 de la Constitución”, expresó la senadora en su escrito dirigido al registrador.
El decreto firmado por el presidente Petro establece la fecha del 7 de agosto de 2025 para la votación de la consulta, cuyo objetivo es preguntar a la ciudadanía sobre los ejes principales de la reforma laboral, un proyecto que ha enfrentado resistencias en el Congreso.
La precandidata presidencial también solicitó formalmente al Consejo de Estado que declare la nulidad del decreto, insistiendo en que la medida va en contra de lo dispuesto en la Carta Magna.
“Presento medio de control de nulidad por inconstitucionalidad en contra del Decreto 639 de 2025, por considerar que contraría el artículo 104 de la Constitución”, sostuvo en su petición.
Por su parte, el presidente Petro defendió la legalidad del decreto y afirmó que la consulta solo se llevará a cabo si el Congreso no aprueba los puntos centrales de la reforma laboral en los términos que propone el Ejecutivo.
“Solo se derogará (el decreto) antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente, sean respondidos positivamente por el Congreso”, afirmó el jefe de Estado.
Del mismo modo, desde el Gobierno, el ministro del Interior, Armando Benedetti, sostuvo que la decisión de convocar la consulta obedeció a razones legales de plazo, aunque dejó abierta la puerta para derogar la medida si el Congreso logra un consenso sobre la reforma.
Benedetti detalló que el Ejecutivo tiene posturas inamovibles sobre aspectos como la contratación por horas, la extensión de la jornada nocturna, la vinculación laboral de aprendices del Sena y la totalidad del pago por trabajo dominical.
Radicaron acción de tutela contra la Presidencia por decreto de consulta popular
Además de la acción legal de la senadora contra los ministros que firmaron el decreto, el miércoles 11 de junio ante el Consejo de Estado fue radicada una acción de tutela que señala una presunta violación de derechos fundamentales por parte de la Presidencia y el Gobierno nacional.
El demandante, Germán Calderón España, solicitó al alto tribunal que se protejan derechos como el debido proceso, el principio de legalidad y las normas que rigen la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana.
Calderón pidió que se ordene al presidente Gustavo Petro suspender el proceso de consulta, argumentando la existencia de impedimentos tanto factuales como jurídicos para su convocatoria.
Entre las pruebas anexadas por el accionante figuran el decreto firmado por el jefe de Estado y sus ministros, un fallo de tutela de primera instancia del Juzgado 6 Civil del Circuito de Bogotá, y un documento suscrito por el presidente del Senado, Efraín Cepeda. En ese texto, Cepeda dejó constancia del rechazo de los congresistas a la consulta y de la resolución sobre una apelación presentada por la congresista María José Pizarro.
Calderón solicitó, además, que se dicte una medida provisional mientras el Consejo de Estado estudia el caso: suspender la aplicación del decreto de convocatoria de la consulta popular.
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