La decisión del presidente Gustavo Petro de firmar un decreto para convocar una consulta popular generó un nuevo punto de tensión política e institucional en el país. A las advertencias de juristas, académicos y sectores políticos sobre la posible inconstitucionalidad del acto, se sumó el pronunciamiento conjunto de 24 organizaciones sociales que le pidieron al mandatario abstenerse de avanzar con esta vía.
En medio del cuarto debate de la reforma laboral en el Senado y con la presencia del presidente en Cali, donde anunció la firma del decreto a través de su cuenta en la red X, se conoció el comunicado de estas entidades, que incluye a organizaciones como Dejusticia, Fundación Paz y Reconciliación, Transparencia por Colombia, el Cinep, la Fundación Foro Nacional por Colombia, entre otras.
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En su declaración, las organizaciones advirtieron que si bien respaldan el fortalecimiento de los derechos laborales y la participación ciudadana, no pueden avalar mecanismos jurídicos que vulneren la institucionalidad democrática.
Críticas al uso del decreto como instrumento para la consulta
El núcleo de la crítica se centra en la decisión del Ejecutivo de utilizar un decreto presidencial para convocar la consulta popular. “Convocar la consulta popular por decreto es una decisión que se basa en una interpretación ilegal que erosiona la separación de poderes”, advirtieron.
En su concepto, las supuestas irregularidades cometidas por el Senado al no pronunciarse sobre la solicitud de consulta deben ser revisadas por los jueces competentes, y no corregidas por el Ejecutivo mediante un acto unilateral. “Las reglas del procedimiento legislativo y los controles mutuos que ejercen las distintas ramas del poder público pueden parecer simples formalidades. Contrario a eso, su importancia es central para evitar que un régimen presidencial se convierta en un régimen autoritario”, señalaron las organizaciones.
A pesar de las críticas, el presidente defendió su decisión asegurando que esta tiene fundamento legal en el artículo 33c de la Ley 1757. “He firmado el decreto que convoca a la consulta popular. Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente, sean respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes. Enviamos el decreto de la Consulta Popular a la Corte Constitucional”, escribió Petro en X.
Según el mandatario, no hubo una votación válida en el Senado sobre el concepto previo requerido para la consulta, razón por la cual el decreto adquiere fuerza por vía presidencial. “El decreto de consulta tiene una base legal, que impide cualquier prevaricato (…) No se perfeccionó la votación”, indicó Petro, citando además la supuesta falta de acatamiento a una apelación interpuesta por la senadora María José Pizarro.
Preocupación por los efectos institucionales
Para las organizaciones firmantes, más allá del debate sobre la legalidad del decreto, lo que está en juego es la salud del sistema democrático colombiano. “Deberíamos ser capaces de alcanzar acuerdos generales sobre cómo tramitar nuestras diferencias. De allí que un acuerdo mínimo y fundamental que debemos seguir defendiendo sea el respeto irrestricto de los principios democráticos”, afirmaron.
En ese sentido, hicieron un llamado tanto al Congreso como al Gobierno y a la rama judicial para que actúen con responsabilidad y dentro de los marcos institucionales:
- Al Congreso, le pidieron evitar prácticas parlamentarias que socaven su legitimidad.
- A los jueces, les solicitaron ejercer controles conforme al marco constitucional.
- Y al Ejecutivo, le exigieron impulsar la reforma laboral respetando los canales institucionales.
“Las reformas sociales que Colombia necesita deben construirse con deliberación plural; con participación efectiva de todos los sectores sociales y políticos, y sin trampas o artilugios jurídicos que debiliten nuestras instituciones”, señalaron en el comunicado.
Uno de los elementos más destacados del pronunciamiento es la amplitud del espectro político de las organizaciones que suscriben la declaración. Desde centros de pensamiento como el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, hasta colectivos feministas como Artemisas y movimientos regionales como Conciudadanía y Todos por Medellín, la convergencia de voces apunta a un consenso transversal sobre la necesidad de respetar las reglas del juego democrático.
“Somos organizaciones provenientes de diversos sectores, con experticias y visiones políticas distintas. A partir de nuestras diferencias nos unimos en la defensa de una democracia vibrante, respetuosa de las instituciones y abierta al diálogo constructivo”, afirmaron.
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