La crisis financiera del sector energético en Colombia se agrava. A marzo de 2025, el fondo empresarial creado para intervenir empresas de servicios públicos tenía un saldo disponible de apenas $167.000 millones, cifra que contrasta con los $416.500 millones que tenía al comenzar el año. La alerta no solo es por lo que falta, sino por lo que ya se debe, $234.000 millones en deudas relacionadas con ocho empresas bajo intervención y pasivos que superan los $2,2 billones en tres compañías en proceso de liquidación, incluida Electricaribe.
La situación, expuesta en una mesa técnica entre la Contraloría General, la Procuraduría, el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos, obliga al Gobierno a mirar con urgencia cómo responderle a un sector que sigue sosteniendo la demanda de millones de usuarios, mientras espera recursos que no llegan a tiempo.
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En medio de ese panorama, desde la superintendencia se admitió que se están buscando alternativas para financiar el déficit. Una de ellas sería la creación de una renta parafiscal, aunque las autoridades advierten que estos mecanismos toman tiempo en implementarse y que el pasivo continúa creciendo.
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Los números que reveló el Comité Intergremial de Energía y Gas son contundentes. A enero de 2025, el Gobierno y otras entidades oficiales acumulaban una deuda de $7,6 billones con empresas de energía eléctrica y gas domiciliario. De ese monto, $2,7 billones corresponden a subsidios pendientes en energía eléctrica; $3,3 billones, a la opción tarifaria que alivió el bolsillo de los usuarios durante la pandemia; $1 billón, a deudas de entidades oficiales, y otros $628.000 millones, a subsidios relacionados con gas combustible.
En paralelo, el Ministerio de Minas y Energía confirmó a la Contraloría que la deuda reconocida con comercializadoras de energía por subsidios de 2024 es de $1,9 billones. De ese total, $1 billón ya fue legalmente reconocido mediante resoluciones, pero el resto está aún pendiente de asignación. El comunicado oficial, fechado el 20 de mayo, no incluyó información sobre la deuda específica con operadores de gas, a pesar de haber sido solicitada.
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En ese contexto, el contralor general Carlos Hernán Rodríguez elevó un llamado al Gobierno para que priorice el pago de los subsidios tarifarios y tome medidas concretas para contener el crecimiento de esta deuda en 2025. Además, insistió en la importancia de mantener un canal de diálogo abierto con las empresas del sector, que enfrentan dificultades operativas y de flujo de caja.
“Es fundamental encontrar salidas que reconozcan el impacto que tuvo el archivo de la Ley de Financiamiento”, señaló Rodríguez, al referirse al vacío normativo que dejó esa decisión del Congreso. Según el jefe del ente de control fiscal, urge construir soluciones que permitan saldar las deudas generadas por la opción tarifaria, el mecanismo que durante la pandemia permitió diferir pagos para aliviar la carga económica de millones de hogares.
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La Procuraduría, por su parte, respaldó el llamado y reiteró la necesidad de garantizar la continuidad y calidad del servicio. Ambos entes coincidieron en que el sector energético, en especial el de distribución y comercialización, necesita respuestas estructurales, más allá de medidas paliativas o temporales.
Sin recursos suficientes en el fondo de intervenciones, con subsidios que se retrasan y con empresas operando en condiciones financieras críticas, la sostenibilidad del servicio público de energía y gas está en juego.
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“En relación con la intervención de Air-e, la Superintendencia informó que el fondo empresarial destinado a estas acciones contaba, a marzo de 2025, con $416.500 millones, pero que actualmente solo dispone de $167.000 millones, mientras enfrenta deudas por $234.000 millones asociadas a ocho empresas intervenidas y pasivos por $2,2 billones correspondientes a tres empresas en liquidación, incluida Electricaribe”, fue una de las conclusiones del encuentro técnico.
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