Ocho de los diez integrantes de la Comisión Asesora de Política Criminal le renunciaron a Gustavo Petro “dadas las nuevas circunstancias políticas”

Ocho de los diez integrantes de la comisión asesora de política criminal en Colombia presentaron su dimisión a sus cargos, apenas meses después de haber aceptado la invitación para integrar este organismo bajo el gobierno de Gustavo Petro.

Según una carta dirigida al nuevo ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, los miembros justificaron la decisión debido a “las nuevas circunstancias políticas”.

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La misiva, firmada por figuras destacadas como Rodrigo Uprimny Yepes, presidente de la comisión, y Mónica Cifuentes Osorio, vicepresidenta, señala que su nombramiento inicial fue realizado en febrero de 2023 por el entonces ministro de Justicia, Néstor Osuna, y tenía una duración prevista de dos años.

“Formalmente, nuestro período de dos años terminó en febrero de 2025”, expresan en la carta. Sin embargo, tras la salida del ministro Osuna, la continuidad de los miembros dependía de una nueva resolución a cargo de la ministra Ángela María Buitrago, quien había impulsado su permanencia en la comisión, aunque nunca llegó a oficializar el nombramiento.

En el documento, los firmantes detallan la situación relacionada con este proceso administrativo.

Señalan que, aunque mostraron su disposición para continuar en la comisión tras el nombramiento de Buitrago, la resolución “no alcanzó a ser formalmente adoptada” por lo que esta se encontraba pendiente de oficialización. Ante ello, los miembros decidieron revocar la aceptación.

“Dadas las nuevas circunstancias políticas, consideramos que no podemos seguir siendo parte de esta comisión asesora”, sostienen en la carta de renuncia.

La decisión refleja una coyuntura política cambiante en el marco del gobierno de Gustavo Petro, que ha realizado diferentes movimientos en su gabinete ministerial y ha enfrentado dificultades para consolidar consensos en temas clave como la política criminal, una de las áreas prioritarias de su administración.

La renuncia simultánea de ocho de los diez miembros de este comité es particularmente significativa, ya que el órgano tenía como propósito asesorar al gobierno en la formulación de estrategias eficaces para enfrentar el crimen en el país.

Entre los desertores se encuentran expertos con perfiles reconocidos en temas jurídicos y de derechos humanos en Colombia, como el académico Iván Orozco Abad, el abogado Miguel E. La Rota Uprimny, y la directora de la Fundación Ideas para la Paz, María Victoria Llorente Sardi.

En su conjunto, esta renuncia masiva representa un cuestionamiento a la estabilidad y coherencia de la estrategia de justicia del gobierno actual.

A pesar de las figuras relevantes que conformaban la comisión, los renunciantes dejaron abierta la puerta para que el nuevo ministro configure un nuevo grupo asesor adaptado a sus necesidades. “El señor ministro queda entonces en libertad para conformar la comisión que estime más idónea para asesorar al Estado en la política criminal del Estado”, escribieron en la carta enviada a Eduardo Montealegre, quien asumió recientemente el liderazgo del Ministerio de Justicia.

La salida de estos expertos podría dificultar la continuidad de proyectos o iniciativas que venían siendo trabajadas por el comité, especialmente en un entorno en el que las políticas de seguridad y justicia están bajo constante escrutinio en el país. La ausencia de una comisión de este calibre podría alargar o entorpecer los procesos de toma de decisiones relacionados con reformas sustanciales en el manejo del sistema penal y carcelario, según la misma carta.

Según la carta, la renuncia también fue comunicada en términos respetuosos, subrayando su apoyo a la gestión del nuevo líder del Ministerio de Justicia. No obstante, los acontecimientos dejan preguntas abiertas sobre el impacto de las “nuevas circunstancias políticas” en la operación y efectividad de otros organismos gubernamentales claves.